La denuncia contra un pastor evangélico peruano remeció la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, y puso bajo escrutinio a un líder religioso con amplia influencia en círculos sociales y juveniles. El caso se conoció luego de que una joven lo señalara por presunto estupro, delito que habría ocurrido cuando ella tenía entre 15 y 16 años, periodo en el que asistía a la iglesia del denunciado.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades de Bolivia, Jéssica Echeverría, informó que la denunciante fue hospitalizada de emergencia debido a un cuadro severo de depresión. La autoridad señaló que el Estado activó un equipo interdisciplinario para el acompañamiento psicológico y legal, y precisó que el proceso no puede cerrarse mientras no se tome la declaración formal de la víctima, conforme a la normativa vigente.
Echeverría remarcó que el trauma no tiene límite temporal y que la justicia debe actuar sin importar el tiempo transcurrido. Indicó, además, que el pastor ya fue identificado dentro de la investigación y que apareció una nueva presunta víctima, quien también presentó su declaración por el mismo delito y contra la misma persona.
El denunciado fue identificado como Marco Núñez del Arco, pastor peruano de la iglesia evangélica ‘Dios con nosotros’, con sede en Santa Cruz, donde reside desde hace aproximadamente 20 años. Núñez es conocido por haber impulsado el movimiento juvenil ‘Fábrica de héroes’, que congregó a miles de adolescentes.
La denuncia se presentó el 8 de enero ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) por presuntos delitos de estupro y violencia familiar o doméstica. La joven denunciante relató que el pastor inició un contacto constante con ella mediante mensajes, la recogía del colegio en un auto deportivo y la presionó para mantener una relación sentimental secreta cuando aún era menor de edad.
“Él comenzó a escribirme todos los días por celular y ya no era una relación de pastor a alguien de 15 años porque después me pidió que sea su novia. El pastor me buscaba en su auto deportivo a la salida del colegio y en ese tiempo yo estaba en la pre promo”, relató la víctima en su denuncia publicada por El Deber.
Según su declaración, la relación se prolongó por varios meses y estuvo marcada por episodios de violencia y celos. La denunciante aseguró que, tras intentar terminar el vínculo, el acoso se volvió constante, situación que la llevó a abandonar Bolivia y trasladarse a Argentina.
“En distintas ocasiones me botaba del vehículo a gritos, golpeaba el volante y cada vez era más violento. Los celos ya eran insostenibles. Me enteré que, paralelamente, el pastor tenía a otra mujer que se congregaba y decidí terminar toda la relación, pero me acosaba de forma impresionante. Hasta que me vi obligada a irme a la Argentina”, relató en su declaración.
El caso cobró mayor notoriedad pública debido a que el pastor se había casado semanas antes con Desirée Durán, ex miss Bolivia y presentadora de televisión, quien hasta octubre desempeñaba funciones en la Gobernación de Santa Cruz y que, tras la denuncia, renunció a su cargo y guardó silencio.
El 7 de febrero de 2026, la fiscal especializada en Delitos de Razón de Género, Margoth Vargas, rechazó la denuncia al considerar que no existían suficientes indicios de responsabilidad penal y dispuso el archivo del caso, argumentando la prescripción de la acción penal. Esta decisión provocó duras críticas y reacciones en redes sociales.
Tras el rechazo fiscal, la joven que denunció el abuso difundió un video en el que expresó su frustración y reafirmó su pedido de justicia. Poco después, su estado emocional se agravó y fue internada en un centro de salud por depresión severa, situación que motivó la intervención directa de la viceministra Echeverría.
La autoridad cuestionó públicamente la determinación fiscal y sostuvo que no debe existir impunidad, sin importar si el acusado es un pastor, un profesor o una exautoridad. Recalcó que los delitos sexuales dejan secuelas de por vida y que la ley debe aplicarse de manera igualitaria.
Por su parte, Marco Núñez negó las acusaciones en un pronunciamiento difundido en redes sociales y en un video posterior. Aseguró ser inocente y pidió una investigación transparente, sin presiones políticas ni económicas. También solicitó garantías constitucionales y manifestó su desacuerdo con la resolución de rechazo fiscal.
Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento de las autoridades bolivianas, con resguardo legal para las denunciantes y la evaluación de posibles nuevas víctimas. La situación abrió un debate profundo en Bolivia sobre el rol de las iglesias, la protección de niñas y adolescentes y la responsabilidad de las figuras religiosas frente a denuncias de abuso.
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