Una vez más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo vejatorio y nefasto para el país: admitió a trámite una demanda que en 2007 presentó el terrorista Víctor Polay, quien aduce haber sido condenado ilegalmente y sometido a torturas y maltratos en la cárcel de la Base Naval del Callao, en donde se encuentra preso desde 1992. La resolución fue resuelta el año pasado, pero nadie lo sabía. Recién se conoció la semana pasada.
Es una puñalada por la espalda a la memoria de los peruanos que fueron asesinados por esa máquina de sangre que él comandaba, llamada Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Los peticionarios de semejante pedido aceptado nunca serán olvidados: Javier Valle Riestra, Javier Mujica Petit y César Oyola.
A este columnista no le sorprende la actuación de los tres. Ya en mayo del año 2003, cuando el terrorista estaba preso, Valle Riestra lo visitó. Una vez descubierto, el jurista y exparlamentario dijo que el emerretista era su amigo y que lo había llamado para una consulta legal.
En una entrevista televisiva, le hizo una fanática defensa. Afirmó que “muchos de los delitos que se le incriminan a Polay son indebidamente incriminados, pues se cometieron cuando él estaba en prisión”, olvidando que sus hordas operaron bajo sus directivas.
Javier Mujica Petit es un abogado vinculado a la defensa de temas sociales. Fue asesor del desaparecido congresista Javier Diez Canseco. Dicho parlamentario impulsó un proyecto de ley que favoreció al padre de Mujica Petit, quien terminó cobrando una jugosa indemnización, según registran los diarios de la época.
César Oyola, por su parte, no solo es abogado de Polay. También lo es de otros emerretistas presos.
El plan de Polay y sus secuaces para conseguir el apoyo del organismo internacional empezó con profusión en diciembre del 2008 cuando la Corte Suprema lo condenó a 35 años de prisión, luego de que se anulara el juicio con jueces sin rostro que lo sentenció a cadena perpetua.
Muchos han olvidado que, en esa fecha, el terrorista logró que 416 peruanos y extranjeros firmaran un manifiesto pidiendo que fuese trasladado de la Base Naval a una prisión común, lo que no ocurrió.
En ese escrito, Polay fue encumbrado a la categoría de luchador social. Se afirmó que sus tropas nunca asesinaron prisioneros o enemigos rendidos. Y otras mentiras más.
Entre los firmantes estuvieron, entre otros conocidos, Javier Valle Riestra, Javier Diez Canseco, el mismo Javier Mujica Petit y César Vásquez Bazán, exministro de Economía aprista. ¿Y quién más se imaginan? La entonces joven socióloga Anahí Durand Guevara, quien años después fue ministra y defensora acérrima del golpista Pedro Castillo.
No hay duda que Polay maneja toda una corte de amigos. Y, a tres años de salir en libertad, lo que quiere es cobrar una jugosa indemnización con respaldo de la CIDH, como lo han hecho otros que desangraron al país. Nos vemos el otro martes.
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