Lo que empezó como una oportunidad terminó convertido en un caso que crece con cada testimonio. Al menos 120 peruanos viajaron a Rusia con la promesa de empleos bien remunerados, pero terminaron integrando filas en medio del conflicto armado con Ucrania.
Las denuncias de familiares y del abogado Percy Salinas dibujan una ruta que inicia en redes sociales y termina en zonas de combate. Ofertas como trabajos de seguridad, cocina o mantenimiento fueron el anzuelo para captar a los compatriotas.
Una vez en destino, la historia cambió. Según las declaraciones recogidas, los peruanos fueron obligados a firmar documentos en ruso, idioma que no comprendían, y quedaron bajo condiciones que los alejaron de cualquier trabajo civil.
Los testimonios coinciden en un patrón: retiro de pasaportes, celulares y documentos, y una deuda impuesta de hasta 20 mil dólares bajo el argumento del traslado.
El caso de un joven de 31 años, conocido como ‘Morgan’, refleja el giro de esta historia. En Lima se dedicaba a la cocina, pero ahora se encuentra en la llamada ‘zona roja’, integrando brigadas de asalto.
A través de audios y videos enviados a su madre, el joven muestra escenas de ataques con drones, explosivos y operaciones para las que no tenía preparación militar.
Las familias aseguran que quienes intentaron resistirse fueron sometidos a maltratos físicos. “Si no firman, les pegan o los amarran”, relató una de las esposas de los reclutados.
En ese contexto, el saldo ya es concreto: ocho peruanos fallecidos cuyos cuerpos permanecen en morgues rusas. Sus familiares tienen un plazo de seis meses para reclamarlos antes de que sean llevados a fosas comunes o incinerados.
A esto se suman cinco heridos en hospitales de combate, uno de ellos en estado crítico y otros con fracturas graves sin atención adecuada.
La incertidumbre se extiende entre las familias. Según el abogado Salinas, alrededor de 120 hogares han perdido contacto con sus parientes desde hace cinco semanas.
“Desde el 9 de abril no sé nada de mi hijo”, relató una madre, reflejando la situación de quienes esperan información sin respuesta.
En medio de este escenario, también se ha cuestionado la actuación del Estado. Salinas denunció que al menos diez peruanos que habían logrado refugiarse en la Embajada del Perú en Rusia fueron retirados del recinto por falta de presupuesto.
Tras salir, fueron trasladados a un departamento que, según la denuncia, estaría rodeado por personas que buscan retornarlos a la base militar.
La Cancillería ha señalado que no cuenta con recursos para una repatriación masiva y que la asistencia se limita a trámites administrativos y emisión de salvoconductos.
Sin embargo, la condición para acceder a esa ayuda plantea otro obstáculo: los peruanos deben escapar por su cuenta desde el frente de combate hasta Moscú, a más de 1,200 kilómetros de distancia.
Mientras tanto, las familias han presentado denuncias por trata de personas ante la Dirincri, entregando videos, mensajes y pruebas del reclutamiento. Algunas incluso han reportado amenazas tras acudir a las autoridades.
El reclutamiento no se ha detenido. Según las denuncias, nuevas personas continúan viajando bajo las mismas promesas, mientras los responsables cambian de nombre y desaparecen de las plataformas.
Hoy, el caso sigue abierto, con múltiples líneas de investigación y una cifra que podría seguir creciendo. Entre audios, silencios y pedidos de ayuda, las familias esperan una respuesta que permita ubicar a sus parientes y frenar una red que continúa operando.
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