El rastro de lingotes de oro adulterados llevó a destapar un millonario desbalance en las cuentas de un agente policial, pieza clave en la investigación contra la presunta red criminal ‘Los Oropeza’. En las cuentas del capitán Román Vallejo Castillo, quien percibía una remuneración mensual menor a los 3 mil soles, se detectaron abonos en soles y dólares que superan los 31 millones de soles.
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El hallazgo financiero se convirtió en una de las principales evidencias dentro del caso, al evidenciar un presunto enriquecimiento ilícito que no guarda relación con los ingresos formales del oficial. La Fiscalía dispuso el embargo de este monto mientras se profundizan las diligencias.
Capitán Román Vallejo Castillo
Las autoridades consideran que este dinero estaría vinculado a una red criminal que operaba al interior de la institución policial, dedicada al desvío de lingotes de oro incautados en operativos contra la minería ilegal.
Según la hipótesis fiscal, los agentes intervenían cargamentos de oro y, al no ser reclamados, sustituían el material por barras de cobre antes de ingresarlo a las bóvedas del Banco de la Nación, permitiendo así el desvío del metal precioso.
Este esquema ilícito no habría sido ejecutado de manera aislada, sino como parte de una organización estructurada que operaba desde distintas unidades policiales, aprovechando procedimientos oficiales para obtener ganancias ilegales.
Los Oropeza
Un sistema que se desmoronó con peritajes
Las investigaciones que permitieron destapar este caso se extendieron por más de dos años y tuvieron como punto de quiebre los peritajes técnicos realizados a los lingotes almacenados, los cuales revelaron inconsistencias en su peso y pureza.
Estos resultados no coincidían con lo consignado en las actas de incautación, lo que motivó la intervención de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), que ejecutó allanamientos simultáneos en viviendas y dependencias policiales.
Durante el operativo fueron detenidos dos capitanes y varios suboficiales, quienes integrarían el brazo operativo de la red. Todos son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
El caso tiene como principal implicado al coronel PNP Rafael Gonzalo Morón Díaz, quien se desempeñaba como jefe en San Juan de Lurigancho y cuya captura se produjo en su vivienda como parte de las diligencias.
De acuerdo con las pesquisas, el oro sustraído provenía de la minería ilegal en el río Tambopata y tenía como destino el mercado internacional, específicamente la India. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance total de la organización y si existen más lingotes adulterados en los registros oficiales.
Coronel PNP Rafael Gonzalo Morón Díaz
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