A fin de evaluar la efectividad de las distintas medidas que vienen adoptándose en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, que se amplió por 45 días adicionales, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocar a una nueva sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
A través de un documento dirigido al titular de la PCM, la institución reafirmó la necesidad que el problema de la delincuencia común y organizada sea abordado por el Estado a través del diseño de políticas públicas, con indicadores claros que permitan medir y evaluar objetivamente la eficacia y eficiencia de las mismas.
En el documento también se requirió a la PCM un balance de los resultados obtenidos durante la vigencia del estado de emergencia en la capital, así como copia de los informes policiales que habrían servido de sustento principal para que el Ejecutivo adopte esta estrategia.
Además, se advierte la naturaleza excepcional de esta medida, la cual debe responder a criterios de temporalidad, proporcionalidad y necesidad.
Cabe indicar que, según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondiente a marzo de este año, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se mantienen entre las ciudades con los mayores porcentajes de inseguridad para los próximos doce meses, con más del 93% en ambos casos.
En ese sentido, en el documento se plantea a la PCM la necesidad de retomar y dar continuidad a otras medidas relevantes en la lucha contra la inseguridad ciudadana, como son la formulación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y el proceso de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional.
A través del decreto supremo 045-2022-PCM, publicado el martes 3 de mayo, se amplió el estado de emergencia en Lima y Callao, por 45 días más, en busca de controlar la ola delictiva que azota ambas jurisdicciones. De esta manera los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) continuarán apoyando a la Policía Nacional en el patrullaje.
Según la norma, durante el estado de emergencia se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 literal f del artículo 2 de la Constitución Política, entre otros.
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