Hay cuatro funcionarios de Repsol que enfrentan hasta 7 años de prisión por la presunta comisión del delito de contaminación en su tipo agravado, a raíz del derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla.
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De acuerdo al procurador público especializado en Materia Ambiental, Julio César Guzmán, se trata de los profesionales encargados de controlar los riesgos de la operación de la compañía, e incluye a los gerentes de Producción y de Medio Ambiente.
“Ellos tiene la condición de investigados y probablemente serán notificados para que en el menor tiempo posible presenten sus declaraciones al Ministerio Público”, señaló en diálogo con RPP.
Explicó que se investiga el presunto delito de contaminación, que en su tipo base tiene una penalidad de 4 a 6 años, pero que puede subir hasta 7 años de prisión en su tipo agravado.
“Uno de los agravantes es ocultar o falsear información. Desde la procuraduría consideramos que estamos ante un hecho que podría considerarse como proporcionar información falsa a las autoridades competentes”, apuntó.
Subrayó, además, que el nuevo derrame de crudo ocurrido ayer tampoco fue comunicado oportunamente, ya que se enteraron a través de las redes sociales y no por algún mensaje de Repsol.
“Es un nuevo hecho contaminante y producto de esto vamos a incorporar esta situación en la misma carpeta de investigación criminal que se tiene”, manifestó.
Sobre el monto total de la reparación civil, informó que el estimado total se obtendrá en aproximadamente 30 días, pues aún no se saben las consecuencias que pueda tener el desastre ambiental.
“Este hecho catastrófico todavía está en desarrollo. Una vez los expertos en valoración económica del daño nos estimen los informes, probablemente tengamos una cantidad, lo cual podría tardar por lo menos 30 días, para levantar toda la información”, puntualizó.
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