El sistema microfinanciero peruano atraviesa su peor crisis en más de una década. Las extorsiones, amenazas y atentados de bandas criminales no solo golpean a los pequeños empresarios, sino que también están arrinconando a las entidades financieras formales que operan en las zonas más vulnerables del país.
De acuerdo con la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), al menos 250 agencias microfinancieras están en riesgo de cerrar por el avance de la delincuencia. Lima Norte, Piura, La Libertad e Ica son los principales “focos rojos”.
“La criminalidad está amenazando el sistema de microfinanzas y afectando la confianza de la población en las instituciones financieras formales. Sin seguridad no hay inclusión ni desarrollo”, advirtió Jorge Solís, presidente de la FEPCMAC, durante una conferencia de prensa.
Según cifras del INEI, más del 30% de la población urbana fue víctima de algún delito entre febrero y julio de este año, y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) calcula que la criminalidad le cuesta al país el 2,2% del PBI anual, afectando inversión, consumo y productividad.
El panorama se agrava con el crecimiento del sistema de préstamos informales tipo ‘gota a gota’, que ya moviliza más de S/4000 millones, consolidando una verdadera “banca paralela” basada en el miedo y la falta de seguridad.
Solís precisó que el crédito microfinanciero cayó 16% en 2023, en contraste con el crecimiento de 40% registrado el año anterior. “Cuando las microfinancieras se van, la criminalidad gana terreno”, sostuvo.
El impacto económico es devastador: las micro y pequeñas empresas (mypes) pierden más de S/6.000 millones al año solo por extorsiones. Más de 2.600 bodegas cerraron en Lima en 2024, y el 60% de las compañías de transporte formal admite pagar cupos mensuales de hasta S/50.000 para poder operar.
El presidente de la FEPCMAC alertó que, de no adoptarse medidas urgentes, la inclusión financiera podría retroceder hasta cinco años, con pérdidas de S/10.000 millones en colocaciones y un posible crecimiento del crédito informal hasta S/6.000 millones en 2026.
A nivel nacional, el crédito formal cayó 2,1% el último año, mientras el préstamo informal creció sin control. El 81% de los peruanos y el 90% de los limeños reconocen que la criminalidad condiciona sus decisiones financieras.
“El impacto de la criminalidad sobre la economía nacional podría superar los S/20.000 millones este año”, remarcó Solís, advirtiendo que el costo de la inseguridad no solo se mide en cifras, sino también en confianza perdida y oportunidades truncadas.
Ante la amenaza de un colapso del sistema microfinanciero, la FEPCMAC ha solicitado al Gobierno implementar un programa de garantías estatales por S/5.000 millones que respalde los créditos en zonas de alto riesgo.
Solís aclaró que no se trata de subsidios, sino de mecanismos similares al programa Impulsa Perú, creado tras la pandemia para reactivar a las mypes. “El Estado ya tiene herramientas, pero ahora deben focalizarse en las zonas más amenazadas por la inseguridad. No podemos cederle el espacio financiero al crimen organizado”, insistió.
También propuso derogar el tope de tasas de interés, que actualmente impide a las entidades formales cubrir los riesgos asociados a operar en áreas peligrosas, y pidió una estrategia conjunta entre el MEF, la SBS, la Policía Nacional y los gobiernos locales para enfrentar la extorsión y proteger a los trabajadores financieros.
La FEPCMAC reportó que los costos de seguridad ya superan los S/600 millones y la morosidad se ha elevado hasta 3,5%, afectando la rentabilidad del sistema. Aun así, las Cajas Municipales mantienen cifras positivas: S/37.646 millones en créditos y 7,7 millones de ahorristas a nivel nacional.
Para Jorge Solís, el mensaje es claro: “Urge proteger a los trabajadores y promover una respuesta multisectorial antes de que la bancarización retroceda frente a la economía criminal”.
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