La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el accionar de las rondas campesinas tras la retención y agresión contra mujeres sindicadas de hacer hechicería en La Libertad. Indicó que recortar la libertad de tránsito de las personas va en contra de los derechos humanos.
“Yo creo que el tema de los ronderos habría que revisar sus competencias y demás”, dijo en declaraciones a la prensa durante su visita a un emprendimiento a favor de empoderar a la mujer en el distrito de San Juan de Lurigancho.
“Además, más allá de los ronderos tenemos también a nuestros hermanos de las comunidades nativas. Entonces cuando uno ingresa, por ejemplo, a la selva tiene que pedir autorización al Apu de la comunidad para poder ingresar. Entonces hay usos y costumbres y nosotros dentro del derecho decimos que lo que es usos y costumbres se hace ley”, añadió.
Un residente del distrito de Chilla registró y reportó que un grupo de ronderos agredió a varias mujeres tras acusarlas de practicar ‘brujería’. En las imágenes difundidas se logró escuchar parte de los diálogos. “¿Trabajas en hechicería, sí o no?”, se escucha decir a uno de los involucrados.
Tras estar más de 10 días privadas de su libertad, fueron liberadas esta madrugada, según informó el Ministerio Público.
A través de su cuenta de Twitter, la entidad precisó que la Fiscalía de Pataz continuará con la investigación de oficio por el presunto delito contra la libertad en agravio de estas personas.
Más temprano, el presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Chillia, Manuel Quijano, negó que hayan secuestrado al grupo de mujeres. En diálogo a RPP Noticias, aclaró que se trató de una “intervención” en rechazo al caso de supuesta hechicería
“Aclarar que las señoras no han sido secuestradas, han sido intervenidas por un grupo de rondas que habían recibido una denuncia de los señores que eran víctimas con actos de hechicería (producto de ello ha muerto una señora). La población indignada por esa situación decidió tomarlas a las señoras y pasarlas a su cadena ronderil, previa aprobación”, indicó.
Además, negó que haya ocurrido agresiones contra las personas retenidas. “Cuando me he enterado de los hechos, he acudido con el subprefecto para que se esclarezca esta situación y, efectivamente, las señoras han manifestado ser culpables de la muerte de la señora Sonia Inga y de la enfermedad de la persona que ha perdido el habla. La población se ha indignado por esa situación y los ha sentenciado a cadena ronderil”, apuntó.
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