Más de 400 familias afrontan un operativo de desalojo en el sector San Antonio de Torre Blanca, en Carabayllo, donde vecinos y efectivos de la Policía Nacional protagonizaron momentos de tensión y enfrentamientos por la disputa de un terreno de aproximadamente 10 hectáreas. Los residentes intentaron frenar la diligencia con barricadas y cadenas humanas, mientras denunciaban que menores de edad y adultos mayores permanecían dentro de la zona intervenida.
La intervención se desarrolló este miércoles 30 de septiembre a la altura del kilómetro 23.5 de la avenida Túpac Amaru, donde desde las primeras horas de la mañana fue desplegado un numeroso contingente policial. Los agentes se distribuyeron por diferentes accesos para garantizar la ejecución de la medida judicial.
La resistencia comenzó conforme avanzaba el operativo. Los moradores colocaron obstáculos y levantaron barricadas en las vías internas, mientras en varios sectores aparecieron llantas y otros objetos quemados. También se reportó el lanzamiento de fuegos artificiales durante las protestas.
La diligencia comprende una extensa zona en la que existen viviendas de varios pisos, construcciones todavía en desarrollo y establecimientos comerciales. Maquinaria pesada también ingresó al lugar y algunos ocupantes comenzaron a sacar muebles, maderas y otras pertenencias ante el avance de la intervención.
El conflicto tiene como centro la propiedad de los terrenos. Los residentes sostienen que adquirieron los lotes años atrás y algunos afirman vivir en el sector desde hace más de 15 o 20 años. Durante la cobertura periodística también se informó que parte de los pobladores habría comprado los predios a terceros antes de que una inmobiliaria reclamara la propiedad.
Total Inmuebles SRL aparece como parte involucrada en el proceso que dio origen a la medida. Según información de RPP Noticias, en 2012 la empresa sostuvo que el terreno había sido “invadido” y que esa situación impedía concretar un proyecto social. Hasta el momento de la cobertura, la compañía no había emitido una declaración sobre el operativo de este miércoles.
Los moradores, sin embargo, cuestionaron el procedimiento. Alejandro Castañeda, identificado como dirigente de los residentes, sostuvo que el predio pertenecería a una comunidad campesina y afirmó que los pobladores no habrían sido notificados sobre la ejecución del desalojo.
Otra vecina aseguró que documentación relacionada con la controversia ya había sido presentada ante distintas instancias. “Al señor fiscal le hemos hecho llegar el documento de Total Inmueble que presentamos en el Congreso, pero esta no se ha presentado. Mi sobrino salió con su bandera blanca pero ni eso respetan”, manifestó durante el operativo.
El litigio por el terreno tendría aproximadamente siete años. Según el dirigente Alejandro Castañeda, este sería el décimo intento de desalojo. En abril de 2026, según la versión de los residentes, otra intervención dejó alrededor de 45 viviendas retiradas o destruidas.
Uno de los principales reclamos surgió por las restricciones impuestas en los accesos. Varios moradores aseguraron que tenían familiares dentro de las viviendas y que los cordones instalados por la Policía dificultaban el ingreso y la salida. Entre las personas que permanecían en el sector había, según sus testimonios, niños y adultos mayores.
“Queremos que nos escuchen. Queremos vivir en paz, por nosotros y por nuestros hijos”, expresó uno de los residentes. El hombre aseguró haber adquirido el terreno y pidió a las autoridades que le permitieran acceder nuevamente a su vivienda.
En distintos puntos también fueron restringidos y redirigidos el tránsito peatonal y el acceso a calles cercanas a mercados, colegios y establecimientos comerciales. Representantes del Ministerio Público participaron en la diligencia, mientras la PNP quedó encargada de brindar seguridad durante la ejecución de la orden judicial.
Los residentes mantuvieron su oposición mientras avanzaba el contingente. “Estamos siendo tratados peor que animales”, declaró uno de los dirigentes, quien aseguró que cuentan con documentos que demostrarían que los terrenos son comunales y reclamó la presencia de representantes de la inmobiliaria.
La intervención continuaba durante la mañana en medio del resguardo policial y de los cuestionamientos de las familias afectadas. Reportes periodísticos mencionaron personas heridas durante los incidentes, aunque hasta ese momento las circunstancias y el número de afectados todavía requerían confirmación oficial.
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