Dina Boluarte Zegarra fue una de las personas más cercanas al presidente Pedro Castillo en el último proceso electoral. La abogada de 60 años era uno de los rostros que aparecían permanentemente con el entonces candidato, pues era quien lo acompañaba en la plancha de presidencial de Perú Libre como primera y única vicepresidenta.
LEE TAMBIÉN: Exministro Juan Silva descarta convertirse en colaborador eficaz porque “no sabe nada”
Una vez en el Gobierno, en julio del 2021, Castillo Terrones la nombró como su ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo que ocupa hasta la actualidad. Sin embargo, un nuevo escándalo ha llevado a que se busque su inhabilitación para ejercer la función pública hasta por 10 años.
La semana pasada, la Contraloría General de la República, a través de un informe, determinó que Dina Boluarte habría incurrido en una infracción al artículo 126 de la Constitución por haber firmado documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac, durante el actual gobierno.
El referido artículo de la Carta Magna dice textualmente que los titulares delas diferentes carteras “no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.
“Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, detalla la norma de más alto rango.
El informe de la Contraloría dio cuenta, luego de una revisión del Registro de Personas Jurídicas (RPJ) de la Sunarp, que Boluarte fue elegida el 15 de enero de 2017 como presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac hasta el 2019, cargo para el que fue reelegida hasta febrero de 2022.
El documento señala que la ministra y vicepresidenta no consignó en su Declaración Jurada de Intereses su participación en el Club Departamental Apurímac y en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, y que siguió firmando documentos en varios oportunidades en esa condición, pese a la prohibición constitucional descrita líneas arriba.
Luego del informe de Contraloría, Norma Yarrow (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra, con el fin de inhabilitarla de la función pública por 10 años.
Entre otros argumentos, la denuncia asevera que se habría cometido una infracción al artículo 126 de la Constitución, pues -según el informe de la Contraloría- Boluarte Zegarra firmó documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac siendo funcionaria.
La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Bolaurte, confirmó que firmó documentos como representante del Club Departamental, pero negó que vaya a renunciar a su cargo a pesar del informe de la Contraloría en el que recomienda al Congreso evaluar una denuncia constitucional en su contra.
“Sabemos en el Gobierno que desde que ganamos las elecciones el 6 de junio del 2021, todas las voces y tambores han estado detrás de la vacancia y este ha sido el pretexto perfecto para la derecha y los señores del Apra y el fujimorismo que han buscado el pretexto perfecto para ir sobre la vacancia y seguir atacando al presidente”, declaró este martes ante la prensa.
“Nosotros sabemos esto. Acá no hay ninguna renuncia ni un acto de esa naturaleza. Vamos a ir a la prensa y al pueblo peruano que ha elegido tener a un presidente, Pedro Castillo y una vicepresidenta, Dina Boluarte. Vamos a ir con la verdad, con mi verdad y con documentos”, agregó.
Contenido GEC