Luego de que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, indicó a una radio local que desde el sector Salud se “mencionó” una disposición que implemente muerte civil para los no vacunados, Alicia Abanto Cabanillas - adjunta para la Administración Estatal en la Defensoría del Pueblo - indicó que este tipo de decisiones “se tendrían que evaluar con cuidado” y “prácticamente no sería algo razonable”.
Abanto Cabanillas declaró a RPP que (para implementar una muerte civil) se tiene que “identificar en qué momento es una medida razonable, porque en el Perú la vacunación ha llegado con mayor velocidad en zonas urbanas pero no en las rurales”.
“Medidas que puedan ser contraproducentes en zonas rurales se tendrían que evaluar con cuidado, sí se puede limitar derechos pero se tiene que ver en qué medida sería eso razonable”, añadió.
Asimismo, Cabanillas estuvo de acuerdo en lo siguiente: “Hoy, establecer como requisito en zonas urbanas que se condiciona el acceso a lugares cerrados, donde hay mayor contagio, solo para vacunados, es una medida razonable”.
Consultada sobre si la muerte civil sería un despropósito, sostuvo que “en este momento parece una medida demasiado exigente y desproporcionada, prácticamente no sería algo razonable”.
“Tendríamos que concentrarnos en seguir usando mascarillas y recordar que su uso es obligatorio”, acotó sobre el tema.
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