El hijo de una ciudadana que acudió a vacunarse hoy, sábado 10 de julio, contra el COVID-19 en el Estadio Municipal Huertos de Manchay, fue impedido de acompañar a su madre durante el proceso de inmunización. Así lo denunció ante las cámaras de Canal N el joven que prefirió el anonimato.
En las imágenes difundidas por este medio, se escucha cuando Sonia Huamán López, coordinadora encargada del centro de vacunación de Manchay, explica al joven las razones por las cuales no era necesario que acompañe a su progenitora para inocularse contra el coronavirus.
“[Las razones son] Porque estas personas ya pueden valerse [por sí mismos], porque se les explica sobre la dosis de vacuna [durante el proceso], se le hace ver la jeringa y todo. Entonces, por eso no es necesario que estén ingresando las personas acompañadas”, señala.
Ante la respuesta, el hombre consulta quién asume la responsabilidad en caso le ocurra algo a su madre durante la vacunación y la coordinadora Huamán respondió: “Sí, yo lo asumo porque la norma ya está dada”, indicó.
El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró a este diario que ha recomendado a los ciudadanos de 50 años para abajo acudir solos a vacunarse a fin de evitar aglomeraciones en esos espacios, pero que no se trata de una medida obligatoria.
En mayo de este año ocurrió las denuncias por jeringas vacías durante la jornada de vacunación a adultos mayores. Este caso demandó una investigación por parte del sector Salud que permitió la corrección de esta situación y anunciar nuevas acciones.
Para ello, el Minsa aclaró que los vacunatorios son lugares públicos donde las personas pueden hacer registros gráficos de la vacunación de su familiar, manteniendo el distanciamiento social.
Asimismo, la estrategia nacional territorial de vacunación ofrece garantías para que no se repitan los hechos reportados. Para ello, el personal debe mostrar la jeringa cargada antes de su aplicación al usuario y sus acompañantes, así como después de la inoculación.
Además, estos centros son supervisados por el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para garantizar la buenas prácticas y corregir lo que corresponda.
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