En el día 131 del estado de emergencia por coronavirus, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, informó este viernes que el sector evaluará la permanencia de Rafael Castillo Alfaro, quien se desempeña como presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), desde inicios del pasado mes de mayo.
En entrevista con Canal N, la titular de Justicia explicó que la prioridad de su despacho es reconstituir el Consejo Nacional Penitenciario del Inpe y que un equipo técnico de trabajo se encargará de evaluar la estrategia que ha ejecutado hasta la fecha la actual gestión de Castillo Alfaro para la protección de internos y trabajadores del sistema penitenciario, en plena pandemia del COVID-19.
“Hasta la fecha me he reunido dos veces con el actual jefe del Inpe. La prioridad es reconstituir el Consejo Penitenciario. Vamos a evaluar. He pedido un informe al jefe del Inpe sobre la estrategia que ha tenido hasta la fecha sobre el tema COVID-19. Vamos a evaluar este tema y según eso, con el equipo técnico que he constituido en su momento vamos a evaluar y tomaremos una decisión que haremos pública a la ciudadanía porque lo importante es el sistema penitenciario conteniendo la pandemia y generar mejores carcelarias para las personas privadas de su libertad”, explicó.
En mayo, en plena emergencia sanitaria en el país, Rafael Eduardo Castillo Alfaro, quien se desempeñaba como vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario, asumió la encargatura de la presidencia del Inpe, ante la renuncia de Gerson Villar Sandy, quien ocupó dicho cargo desde el pasado 24 de marzo, en reemplazo de César Cárdenas Lizarbe.
Durante la gestión de Villa Sandy se registraron varias reyertas en penales a nivel nacional, siendo la del centro penitenciario Miguel Castro Castro la más grave, con un saldo de nueve fallecidos. En las manifestaciones, los internos exigían una mejora en el tratamiento sanitario por el avance del COVID-19 en las cárceles.
Respecto a las disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de los penales y centros juveniles por riesgo de contagio del nuevo coronavirus, Neyra Zegarra remarcó que no comprende internos que cumplan condena por un delito grave. “Nosotros no hemos liberado a ninguna personas que ponga en peligro la seguridad ciudadana del país. Ahora estamos enfocados en garantizar que las cárceles no sean espacios en que se incremente el contagio de COVID-19 y en reforzar la seguridad ciudadana. En eso estamos trabajando”, remarcó.
En ese sentido, la ministra informó que se está estudiando la normativa penal para reforzar el trabajo con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
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