Luego de que se conociera que unas 35 personas se habrían vacunado de manera irregular en Loreto, entre funcionarios y sus familiares, el Ministerio Público recordó hoy que aquellos servidores públicos que incurran en una irregular administración de las vacunas contra el COVID-19 podrían ser sancionados con penas de cárcel entre 3 y 8 años.
Los delitos que se podrían tipificar en estos casos son: peculado, cuando el funcionario se apropia ilícitamente de las vacunas, ya sea para sí o para otro (de 5 a 8 años); cohecho, cuando el funcionario solicita o acepta algún beneficio de un tercero a cambio de ser vacunado (de 5 a 8 años); colusión, cuando el servidor público y terceros pactan ilícitamente dentro de un proceso de adquisición de insumos u otros, utilizados en el proceso de vacunación (de 3 a 6 años).
En último lugar el delito de negociación incompatible cuando el funcionario muestra interés indebido a favor de un tercero, dentro de un proceso de adquisición de insumos u otros, utilizados en el proceso de vacunación (de 4 a 6 años).
El contralor, Nelson Shack, también informó en su momento que se identificó un total de 26 grupos familiares que se beneficiaron con las vacunas contra el coronavirus dadas por el laboratorio Sinopharm, como parte del ensayo clínico realizado en el Perú, y de este grupo 19 estaban relacionados a funcionarios públicos.
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