El excalcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, y la exejecutiva de la desaparecida aerolínea Aerocontinente, Lupe Zevallos Gonzáles fueron incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, por encontrarse prófugos de la justicia.
Una recompensa de S/ 40,000 se ofrece a quien colabore con información que permita capturar al exburgomaestre de Chorrillos, condenado el pasado 19 de marzo a cuatro años y ocho meses de cárcel por el delito de negociación incompatible.
Miyashiro fue sentenciado por contratar a la empresa TLM Perú E.I.R.L. para el uso de una excavadora hidráulica sobre neumáticos para prestar servicios públicos en 2008, sin que la contratista extendiera una carta fianza en favor del municipio de Chorrillos.
En tanto, en el segundo caso se ofrece S/ 100,000 de recompensa por información que ayude a la captura de Zevallos Gonzáles, condenada el pasado 25 de febrero a 25 años de prisión por el delito de lavado de activos procedentes del tráfico de drogas.
La condena a la hermana del exdueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos, fue impuesta por la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, que la halló responsable de este delito, mediante la creación de dicha aerolínea.
La Comisión de Evaluación de Recompensas contra la Criminalidad, presidida por el viceministro de Orden Interno, Esteban Saavedra, también incluyó en el programa a Sara Gonzáles Gabancho; y a Óscar Peña Aparicio, ambos prófugos.
Para la primera, quien es madre de Lupe Zevallos, se ofrece una recompensa de S/ 50,000, tras ser condenada a 18 años de prisión por el delito de lavado de activos, mediante la creación de Aerocontinente.
La sentencia fue impuesta el pasado 25 de febrero por el Colegiado E de la misma corte que dictó sentencia contra Lupe Zevallos.
De la misma forma, se ofrece una recompensa de S/ 50,000 para Peña Aparicio, condenado a cinco años de cárcel por el delito de negociación incompatible, según el fallo del Primer Juzgado Unipersonal del Callao, emitido el 17 de enero de este año.
A esta persona, conocida con el alias de “El rey de la pesca negra”, se le halló responsable de haber comprado a precio subvaluado un terreno estatal en el fundo Oquendo, causando un perjuicio al Estado por más de 10 millones de soles.