El Gobierno decretó el estado de emergencia por 60 días más calendarios en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac. Comuneros ocupan terrenos de la minera desde el pasado 14 de abril, lo que motivó que esta detuviera sus operaciones desde el 20 de abril.
Según el Decreto Supremo 059-2022-PCM, publicado este viernes en el diario oficial El Peruano, la medida rige a partir del sábado 28 de mayo. Durante este periodo la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, indica la norma.
“Prorrogar el estado de emergencia por el término de 60 días calendario, a partir del 28 de mayo de 2022, declarado en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac”, se lee en el dispositivo legal.
Además indica que durante este estado de excepción, en la circunscripción señalada, “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.
Asimismo, se señala que la intervención de la PNP y las FF.AA. se efectúa en el marco de las normas que regulan el uso de la fuerza.
La norma lleva las firmas del presidente Pedro Castillo, el primer ministro Aníbal Torres y los titulares de Defensa, Interior y Justicia.
Fue el pasado 27 de abril que el Gobierno decretó el estado de emergencia en Challhuahuacho y Coyllurqui por 30 días.
El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, sostuvo que el Ejecutivo levantará el estado de emergencia en Las Bambas cuando se recupere la paz social en la zona.
En conferencia de prensa realizada el último miércoles indicó que a la fecha las partes en conflicto (comunidades y empresa) están dialogando con participación de dos ministros de Estado, y se espera llegar a una solución.
“Levantaremos inmediatamente el estado de emergencia cuando se recupere la paz social, si ellos levantan la huelga, nosotros levantamos el estado de emergencia”, enfatizó Torres.
El primero ministro recordó que en reiteradas oportunidades ha solicitado a las comunidades su plan de lucha y los incumplimientos por parte de la empresa minera.
Según refirió, una comunidad indicó, por ejemplo, que sus antepasados vendieron a dos céntimos el metro cuadrado de terrenos, pero es un tema que compete al Poder Judicial.
“¿Podía yo, en esa negociación, resolver eso? No podía, no podemos ir en contra de la ley, nosotros actuamos dentro del marco legal”, añadió Torres.
A la fecha son seis las comunidades en conflicto con la minera Las Bambas: Nueva Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Choaquere, Chila y Chuicuni.
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