En su constante compromiso con la protección del medio ambiente y la salud de la población, la empresa pública Activos Mineros (AMSAC) ha anunciado una iniciativa para fortalecer la remediación de pasivos ambientales mineros en el país. Esta propuesta, liderada por el gerente general de AMSAC, Antonio Montenegro, busca modernizar las normativas vigentes y establecer una política de remediación más efectiva.
En una intervención en el programa “Diálogos Mineros” del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Montenegro resaltó la importancia de actualizar la Ley de Pasivos Ambientales para permitir intervenciones inmediatas ante situaciones de contaminación. Esta medida garantizaría una respuesta ágil por parte del Estado en la protección del ecosistema y la salud de la población afectada.
Parte de la propuesta presentada por AMSAC implica la implementación de una política de remediación que facilite el cierre de brechas y optimice la gestión presupuestal del Estado en este ámbito. Montenegro enfatizó la importancia de generar soluciones que involucren a empresas del sector minero, proponiendo la remediación mediante obras por impuestos.
Según el gerente general de AMSAC, esta modalidad de remediación no solo tendría un impacto ambiental y social positivo, sino que también beneficiaría a las empresas mineras al demostrar su compromiso con el medio ambiente y la comunidad. Además, se contempla la activación de un Fondo Ambiental Multisectorial para financiar estas iniciativas, involucrando a diferentes entidades como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y el OEFA.
Actualmente, las labores de remediación son financiadas a través del Fideicomiso Ambiental y el Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo, mediante convenios entre el Ministerio de Energía y Minas y AMSAC. Sin embargo, la propuesta de AMSAC busca diversificar las fuentes de financiamiento e involucrar a más actores en la protección del medio ambiente.
Con estas acciones, AMSAC reafirma su compromiso con la responsabilidad ambiental y su contribución al desarrollo sostenible del país, promoviendo prácticas mineras que respeten el entorno y la salud de las comunidades.
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