La organización Amnistía Internacional (AI) aseguró que el despliegue de militares en la frontera de Perú con Ecuador “pone en peligro los derechos humanos” de las personas refugiadas y exigió al gobierno limitar el uso de las fuerzas armadas en labores de control migratorio para “evitar una tragedia”.
“Militarizar la frontera en Perú representa un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes” y “sienta un nefasto precedente”, por lo que “exhortamos al presidente Francisco Sagasti a limitar el uso de militares en labores de control migratorio y evitar una tragedia”, reclamó a través de su cuenta oficial de Twitter la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
El gobierno peruano desplegó esta semana al Ejército para vigilar hasta 30 pasos fronterizos con Ecuador y disuadir así la inmigración ilegal, que presuntamente se ha incrementado con la llegada clandestina de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos.
De acuerdo con la directora para las Américas de Amnistía Internacional, el uso de personal militar para labores de control migratorio supone “un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas” porque los uniformados carecen “de formación y de las herramientas adecuadas para tal función”.
“Prueba de ello es el evento reciente ocurrido en Tumbes, en la frontera con Ecuador, en el que personal de Ejército peruano disparó armas de fuego al aire para dispersar personas indefensas, entre ellos niños y niñas”, detalló Guevara.
Dicho episodio ocurrió el pasado martes, cuando militares realizaron disparos al aire en algunos puntos de control de la región fronteriza de Tumbes con el objetivo de disuadir el flujo constante de personas que intentan ingresar al territorio peruano.
“Esto no solo contraviene la normativa internacional y peruana sobre empleo de la fuerza y armas de fuego, sino que siembra el pésimo precedente de usar armas de este tipo para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional”, denunció Guevara, quien exigió a las autoridades del Perú “investigar y juzgar este tipo de hechos para que no se repitan”.
“Asimismo, deben limitar el uso de las fuerzas armadas en actividades de gestión migratoria con el fin de evitar una tragedia” y “actuar conforme a los estándares internacionales, brindando protección a quienes la necesitan”, urgió.
El despliegue militar a lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla, que marca la frontera entre Perú y Ecuador, se dio después de que la semana pasada la Policía Nacional del Perú (PNP) anunciara la detención de unos 500 inmigrantes ilegales, en su gran mayoría venezolanos, en distintos puntos de la región de Tumbes.
Fruto de ese operativo se hizo viral en redes sociales el video de un tráiler que ingresaba a la ciudad de Tumbes, capital de la homónima región peruana, con decenas de venezolanos que presuntamente acababan de cruzar la frontera de manera clandestina.
Perú es, después de Colombia, el país que alberga a más venezolanos, con más de un millón llegados desde 2016, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
De ese millón, el país sudamericano ha otorgado la residencia a más 477.000 venezolanos, mientras que casi medio millón ha solicitado la condición de refugiado, algo que solo han logrado de momento 1.282.
Desde el 15 de junio de 2019, Perú sólo permite el ingreso de venezolanos con pasaporte y visa humanitaria tramitada en alguno de sus consulados en Venezuela, Colombia y Ecuador.
Actualmente Perú está en plena segunda ola de contagios de COVID-19 con sus hospitales nuevamente colapsados desde al menos dos semanas, por lo que el ritmo de fallecidos por esta enfermedad está volviendo a acelerarse dramáticamente.
Ante ese escenario, el presidente Sagasti anunció la reimposición a partir del próximo domingo de una estricta cuarentena y el cierre de casi todas las actividades en gran parte del país para intentar atajar el crecimiento del virus.
Fuente: EFE
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