El juicio contra Pablo Lyle inicia el martes 20 de setiembre en Miami. El actor mexicano es acusado de homicidio involuntario por un hecho que habría sucedido el 31 de marzo de 2019 en la Dolphin Expressway de la mencionada ciudad estadounidense. De acuerdo al caso en curso, el intérprete está investigado por haber golpeado a un hombre de 63 años, identificado como Juan Ricardo Hernández, quien posteriormente falleció cuatro días después.
Se ha informado que habría sido un puñetazo el que le propinó Lyle al hombre de nacionalidad cubana. Según la acusación, la figura de televisión tuvo una discusión con Hernández tras un percance automovilístico.
Pablo Lyle, de 35 años, iba en el asiento del copiloto, mientras su cuñado Lucas Delfino manejaba el auto; su hijo se habría encontrado en los asientos posteriores. Además, el incidente habría sido grabado por las cámaras de seguridad de una gasolinera.
Tras esto, la celebridad mexicana fue liberada bajo una fianza de 50 mil dólares. También pudo viajar a México con un permiso especial y, en la actualidad, se estaría movilizando con un grillete electrónico en el tobillo.
El juicio en contra de Pablo Lyle, por el cargo de homicidio involuntario, empieza el martes 20 de setiembre de 2022 y se estima que puede durar hasta cinco días o más, de acuerdo a los primeros reportes del caso.
En la primera parte, se trabaja en la selección del jurado, lo cual tomará entre dos o tres días. Después, se desarrolla la presentación de los argumentos por parte de la Fiscalía y la defensa del acusado, en este caso el actor mexicano de “Mi adorable maldición”.
Finalmente, se conocerá el veredicto final de la corte sobre Lyle y el fallecimiento de Juan Ricardo Hernández de 63 años. Este proceso se prolongó desde 2019 por los dos años de la pandemia del COVID-19, que trajo una serie de restricciones obligatorias para evitar la propagación del virus.
Uno de los argumentos de la defensa de Pablo Lyle fue que reaccionó contra Hernández porque sentía que su familia corría peligro. Sin embargo, la justicia de Estados Unidos se mantuvo en su posición de una fianza de 50 mil dólares y vigilancia electrónica.
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