Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unas lentejitas con estofado de pollo. Para tomar pidió una jarrita de naranjada. “María, la delincuencia organizada se ha desbordado en el país y amenaza al mismo Estado, con el cual, en algunas zonas, se disputa el poder. A esta situación hemos llegado debido a años de gobiernos débiles y la fuerte migración de hampones extranjeros.
Solo el año pasado hubo 26,748 denuncias por extorsión en el territorio, lo que representó un incremento del 20 por ciento respecto al 2024. Estimaciones independientes sugieren que el problema real alcanza al 25 por ciento de la población (afectando a más de seis millones de personas) debido a que muchas víctimas no denuncian por temor.
Ante este panorama, urge decisiones drásticas de la presidenta electa, Keiko Fujimori. Lo primero, pedir el apoyo de Estados Unidos. Este país tiene los recursos y varios programas que nos pueden ayudar.
Uno de ellos es el programa de Recompensas, que ofrece dinero para la captura o condena de fugitivos internacionales buscados por narcotráfico, tráfico de personas, delitos cibernéticos y lavado de dinero.
También la asistencia técnica (ICITAP), que capacita a la Policía para mejorar sus capacidades en investigaciones criminales y forenses. Y, asimismo, el Programa Ejecutivo Internacional (IEP), liderado por el FBI, que busca crear redes de colaboración con socios internacionales para combatir el terrorismo y las amenazas transnacionales.
Estados Unidos, con sus ingentes recursos, nos puede ayudar a terminar con esta lacra que está carcomiendo nuestra sociedad. Hay que poner mano dura. Sobre todo, construir más cárceles en lugares inexpugnables y cambiar las leyes para que los cabecillas criminales sean sepultados en vida pues son un peligro para la ciudadanía. No les hagan caso a los caviares y progresistas que viven en Narnia y exigen que los asesinos, sicarios, extorsionadores y secuestradores sean tratados ‘con cariño’. Estamos en guerra con el hampa. Entiéndanlo”. Me voy, cuídense.
