Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un bistec a lo pobre con papas, huevo y plátanos fritos, arrocito blanco, ensalada de lechuga y tomate. Para tomar, pidió una jarrita de chicha morada. “María, ayer conversábamos sobre la corrupción y el caos reinantes en el *penal de Lurigancho, una de las cárceles más hacinadas de Latinoamérica, pues alberga a cerca de 10 mil reos cuando fue construida para poco más de tres mil 200. Si existe un infierno en la tierra, pienso que ese debe ser ‘Lurigancho’. En este penal, los horarios no existen. Muchos presos tienen las llaves de sus celdas y deambulan por donde les da la gana, sin control ni vigilancia.
En este desorden, en el que ciertos presos tienen negocios como barberías, pollerías, servicio de tatuajes, venta de licor y drogas, reinan los sanguinarios jefes de bandas de secuestradores, extorsionadores y sicarios que operan con toda normalidad. La mayoría de llamadas de extorsión en el Perú se realizan desde los penales, sobre todo de ‘El Milagro’, en Trujillo, ‘Sarita Colonia’, en el Callao y el *penal de Lurigancho, en Lima. En este último, los reos hasta han tenido la desfachatez de montar un negocio, a la vista de todos, de venta de recargas para celulares, como denunció América TV. Este caso resulta emblemático de la incapacidad y corrupción de este gobierno en materia de seguridad ciudadana.
Para empezar, lo primero que llama la atención es que este grave escándalo no ha tenido prácticamente ninguna consecuencia. Que se sepa, hasta el momento siguen en sus cargos el director de el *penal de Lurigancho y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario. También pone de manifiesto una sospechosa y extraña demora en la instalación de bloqueadores de celulares en las cárceles del país.
En octubre del 2014, el Estado y la empresa ‘Prisontec’ firmaron un contrato que establecía que para el primer año, o sea en octubre del año pasado, 17 de 33 penales tenían que contar con sistemas de bloqueo funcionando al 100 por ciento. Pero en ese lapso, solo las cárceles de Huaral y Cañete contaban con los consabidos bloqueadores, y en el primero con graves deficiencias.
Y hasta la fecha, según un informe, solo se han colocado en siete penales, pero con fallas. La empresa ‘Prisontec’ culpa al Estado porque, de manera rara, no aprueba los estudios técnicos que presentan para la instalación de los equipos. Sin esa aprobación, no pueden iniciar los trabajos, aseguran. Sobre el caso específico de ‘Lurigancho’, sostienen que están a punto de culminar con la instalación de los bloqueadores.
Denunciaron, además, que la policía, a cargo de la seguridad de este penal, no dio la garantías requeridas a sus técnicos y por eso hasta hubo hechos de violencia durante la instalación de los equipos. Está claro que el régimen de Ollanta Humala jamás se metió de lleno en el tema de la seguridad. Una lástima. Ojalá el próximo gobierno sí se ponga los pantalones y proteja a los ciudadanos honrados que trabajan por sus familias”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.
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