Este Búho considera que el Gobierno se demoró demasiado en declarar en emergencia los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, en Piura. No sé por qué solo se incluyen dos distritos de la capital si las bandas del crimen organizado y la delincuencia callejera arrasan como un huaico maloliente las calles de Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, Villa María o El Agustino.
La granada lanzada a la puerta de la discoteca Xander’s por presuntos extorsionadores que exigían 300 mil soles a la orquesta Los Cómplices de la Cumbia del cantante Chechito, ‘el Bud Bunny de la chicha’, fue la gota que derramó el vaso. Quince personas resultaron heridas en esa salvaje acción que debería catalogarse de terrorista.
Para muchos el preciso instante en que estalla el artefacto explosivo que hiere a transeúntes, incluido un niño, y deja un gran charco de sangre, los hizo revivir los salvajes atentados dinamiteros de Sendero Luminoso en los años ochenta y noventa.
Volvemos a vivir esta pesadilla porque no es el único caso en que los malditos extorsionadores utilizan atentados para amedrentar a sus víctimas. A diario esas lacras lanzan bombas molotov e incendian locales, casas, mototaxis, micros, camiones, para intimidar a las indefensas víctimas.
La Policía hace su trabajo pero se ve rebasada a pesar de que ha realizado importantes capturas de cabecillas del ‘Tren de Aragua’ o el despiadado ‘Movimiento Sanguinario’, que opera entre San Martín de Porres y Ancón y que tiene vinculaciones con el ultraviolento ‘Comando Vermelho’ brasileño.
El alcalde de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del Perú, con un millón doscientos mil habitantes, y el más castigado por la ola criminal que copa todo, reclama la inmediata intervención del Ejército para patrullar las calles. Los vecinos apoyan este pedido. “Queremos que los militares protejan a nuestros hijos, que son asesinados por robarles un celular, una mochila y no dejan trabajar a nadie”.
Las bandas criminales están creciendo. Empiezan con los humildes ambulantes de caramelos, fruta, ropa, de alrededor de los mercados y los formales de los centros de abastos. Siguen motoxistas, microbuseros, camioneros, interprovinciales, comerciantes, construcciones inmobiliarias y familiares, servicios profesionales médicos, colegios, músicos, restaurantes, peluquerías, bodegas, discotecas, nadie se salva.
Aparte están los ‘marcas’, secuestradores, ‘gota a gota’, ladrones de casas y los ‘raqueteros’ en motos, autos y ‘en manada’. Todo emprendimiento por mínimo que sea está amenazado. Así no se puede vivir. Las víctimas en San Juan de Lurigancho han organizado una marcha para mañana contra la delincuencia.
“Solo hay 650 policías para más de un millón de vecinos”, reclama el alcalde Jesús Maldonado, que apoya la militarización del distrito. Pero la criminalidad no se detiene ante nada. El lunes en la madrugada lanzaron otro explosivo en el local D’cora, cuando se celebraba un quinceañero amenizado por el grupo Los Chicos de la Cumbia.
Para la Policía, las extorsiones vendrían a dos bandas: exigir dinero a la agrupación musical, por un lado, y al local que organiza los eventos. La intervención militar provoca objeciones en algunos expertos ‘porque estos no están preparados para enfrentar el delito común, donde sobre todo se hace trabajo de inteligencia e infiltración, que es especialidad de la Policía’, sostienen.
Pero quienes están a favor de la medida argumentan que el Estado ha perdido ‘el control territorial’ de estas zonas y los ciudadanos están totalmente desprotegidos y a merced de la criminalidad. Una situación similar la vivió El Salvador con las pandillas asesinas de las ‘Maras’ y ‘Barrio 18′, hasta que el gobierno ordenó que la Policía y el Ejército tomaran el ‘control territorial’ de ‘zonas rojas’ y a punta de detenciones y redadas logró reducir la criminalidad a su mínima expresión.
La presencia del Ejército tendría una labor más disuasiva patrullando las calles y estableciendo puestos las 24 horas en las ‘zonas rojas’ y realizando redadas para detener a indocumentados, requisitoriados y extranjeros ilegales. Apago el televisor.
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