Este Búho está convencido de que los organizadores del llamado ‘paro nacional’, convocado por movimientos de Ayacucho, Apurímac, Puno, Cusco y Arequipa, están llamando a la confusión a los pobladores. Les ‘venden el boleto’ de que las marchas tienen como principales reclamos que ‘baje el costo de vida’ y ‘contra las alzas de alimentos’ o por mayor oferta de empleo. Pero eso es falso.
TE VA A INTERESAR: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO DEL 2022 (V)
Cuando la masa popular llega a las plazas por reivindicaciones justas, entonces se quitan la careta y sacan a relucir sus reales objetivos, que están muy lejos de los legítimos reclamos sociales y económicos de la población. Exigen cosas ilegales como la liberación del golpista Pedro Castillo, inconstitucionales como una ‘asamblea constituyente’ o el cierre del Congreso.
La agenda ya estaba planeada desde diciembre y no tienen nada de ‘espontáneas’ como pretenden hacernos creer los convocantes. Muchos de ellos conocidos agitadores de la región sur, como el castillista César Tito Rojas, profesor dirigente del Movadef, que se presenta como ‘secretario de Organización’ del Sute-Puno, pero el Sutep lo desautorizó.
INCREÍBLE AMENAZA
Este señor acudía a Palacio de Gobierno y visitaba a Castillo y también a Guido Bellido. Increíblemente, en una entrevista radial dijo: “A partir del 4 de enero se debe retomar la lucha contra un gobierno ilegítimo que ha traicionado al pueblo (...) no se permitirá la presencia de ministros y representantes del gobierno de Boluarte. Todo militar o policía será capturado y ajusticiado”.
Claramente se trata de un mensaje muy parecido al de Sendero Luminoso en sus tiempos de ‘paros armados’. ¿Qué clase de protesta es esta? El pueblo tiene derecho a manifestarse en las calles, pero sin destruir ni atacar a los demás. No sería casualidad que tantos llamados ‘insurreccionales’ se produzcan en la región Puno, lugar escogido por el boliviano Evo Morales para extender su proyecto político radical Runasur.
Hace dos semanas, durante una actividad por el ‘día de la Revolución Democrática y Cultural’ en Bolivia, afirmó sin ninguna vergüenza que ‘en el Perú se vive una insurrección contra el Estado colonial’ y respaldó al golpista Pedro Castillo. Evo ha ingresado cuatro veces al sur a azuzar a la población, al igual que sus operadores políticos de su partido MAS, que son caseritos en Puno y sus provincias.
En Arequipa el impulsor de las protestas radicales y delirante agitación política es el médico Jorge del Carpio Lazo, quien en el 2019 fue acusado por el terrorista Ulser Pillpa de pertenecer a Sendero Luminoso. Del Carpio ahora es el que da la cara y lee los comunicados públicos de los azuzadores de la violencia.
‘TONTOS ÚTILES’ DE LOS VIOLENTISTAS
La respuesta ciudadana contra los llamados al caos y a la violencia son boicoteados por ‘tontos útiles’ de los violentistas, como la izquierdista Verónika Mendoza, quien atacó a la Policía Nacional, que iba a participar en la marcha, ‘porque los que reprimen y matan no pueden presentarse como abanderados de la paz’ (sic).
Resulta paradójico que una ‘socia’ de Castillo, que hizo la de Shakira (ciega, sorda y muda) ante los escandalosos casos de corrupción del chotano, reaparezca para petardear iniciativas por la paz y no condene los actos vandálicos y destructivos de diciembre del año pasado.
Este año es crucial para la democracia, el estado de derecho y la paz social. Los violentistas se van a jugar el todo por el todo, buscando ‘incendiar la pradera’. No les importan los muertos, más bien pareciera que buscaran más víctimas para crucificar a las fuerzas del orden, quienes deben salvaguardar de la destrucción la propiedad privada y pública y los puntos estratégicos del Estado, como aeropuertos y plantas de energía.
Tiene razón Eduardo Pérez Rocha, quien fue director de la Policía y sostiene que para los terroristas de Sendero infiltrados mañana ‘será su guerra civil’. El general sostiene que ya se ha detectado a muchos antiguos miembros sentenciados de Sendero Luminoso que se han camuflado en las dirigencias de los llamados ‘frentes de defensa’, como Rocío Leandro, la cabeza del frente de Ayacucho, sindicada como una de las terroristas que mataron al dirigente Pedro Huilca.
El Estado tiene derecho a defenderse. No puede ser posible que azuzadores de la violencia, ya identificados por los servicios de Inteligencia, sigan planeando su orgía de violencia con total impunidad. Apago el televisor.
