El Gobierno de Chile fletó este jueves un avión para expulsar a 72 inmigrantes argentinos y colombianos que habían cometido delitos o habían ingresado clandestinamente, en el marco de la nueva ley de migración que busca ordenar y regular la situación de los extranjeros.
En concreto, 45 de los migrantes fueron expulsados por causas judiciales, ya que se encontraban cumpliendo condenas en cárceles por delitos como secuestro, tráfico de drogas y robo con violencia e intimidación, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
Los restante fueron expulsados de forma administrativa por haber ingresado clandestinamente al país y algunos por tener adicionalmente antecedentes en su nación de origen tales como hurto agravado, fabricación y tráfico de armas y actos sexuales con menores de 14 años.
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Se trata del tercer vuelo de expulsión masiva de migrantes que realiza el Gobierno en lo que va de año. Sumado a los dos anteriores, los días 25 de abril y 6 de junio, han abandonado el país un total de 392 personas.
El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, explicó a la prensa este jueves que la legislación contempla que contra aquellas personas que “incumplen gravemente la regulación migratoria” se pueda iniciar “respecto a cada una de ellas un proceso de expulsión”.
Asimismo, indicó que “la nueva ley contempla un proceso extraordinario de regularización” y que más de 300.000 personas han iniciado ya su proceso de regularización y “más de 70.000 de ellas ya están regulares”.
“Ese es el llamado que nosotros hacemos, a la regularidad migratoria. Y el ingreso clandestino es todo lo contrario”, dijo Galli.
La autoridad abundó que al haber personas que tienen antecedentes judiciales en su país, no pudieron regularizar su situación en Chile y por lo tanto se inicia su proceso de expulsión.
“Otras personas ingresaron clandestinamente por pasos no habilitados y eso constituye en la legislación actual un delito”, continuó.
Al igual que en anteriores expulsiones, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció que este operativo de expulsión no se ajusta a derecho y que no se estarían respetando los derechos humanos de los afectados.
En una intervención ante el Senado esta misma jornada, el director del SJM, Carlos Figueroa, pidió al Gobierno que cese de efectuar estos operativos por razones “administrativas por ingreso por paso no habilitado”.
“El Gobierno tiene razón al decir que algunas expulsiones están justificadas por delitos, pero falta a la verdad al decir que todas ellas lo están”, expresó Figueroa.
Asimismo, afirmó que “no es digno el trato que se da y está en su poder (del Gobierno) revertirlo”.
“Hemos presenciado la inhumanidad con que se trata a familias, padres separados de su hijos (la paternidad no solo es biológica), personas que son dejadas en la carretera, personas subidas a aviones en overoles blancos”, abundó.
Al respecto, Galli dijo que “las personas que han logrado acreditar un vínculo con un niño o adolescente en Chile no van a ser expulsados”.
“El interés superior del niño está antes que el interés del Estado de llevar a cabo un proceso administrativo de expulsión”, comentó.
Las expulsiones masivas han sido también criticadas en reiteradas ocasiones por la Naciones Unidas, que instó al Gobierno a detener estos operativos y denunció que Chile ha expulsado a cientos de migrantes sin previamente realizar una evaluación individual auténtica de la situación de cada persona.
Pese a la pandemia y la crisis social que se extendió durante más de un año, Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Fuente: EFE
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