¡Siguen las protestas! Las autopistas de la región Metropolitana de Chile se transformaron en protagonistas de las protestas que hace una semana afectan al país, con filas de camiones y automóviles particulares que tomaron las rutas en rechazo a los altos precios del cobro electrónico de peajes (tag). Los conductores así se plegaron a la ola de manifestaciones contra la desigualdad y unieron sus voces pidiendo la salida de Sebastián Piñera del gobierno.
Con banderas chilenas, carteles y pintadas los conductores se encolumnaron a baja velocidad por las distintas vías rápidas que unen Santiago con el resto del país, generando alta congestión en una de las horas de más transito del día.
"A esta hora se desarrollan manifestaciones en distintas autopistas de la ciudad. @carabdechile conversó con los manifestantes y resguarda movilización", tuiteó la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, en referencia a los carabineros.
"Aspiramos a que se cumplan los acuerdos y permitir la manifestación pacífica sin alterar el buen funcionamiento de la región Metropolitana", añadió.
La consigna #NoMasTag tomó las redes sociales transformándose en tendencia, en rechazo a un sistema de pago de peajes que afecta a todos los automovilistas que se movilizan por autopistas, en especial transportistas que suman abultadas facturas cada mes.
El transporte metropolitano fue el detonante del estallido. Un aumento de 3,45% de la tarifa del ferrocarril metropolitano inició las protestas, protagonizadas por jóvenes, que se generalizaron apuntando a varios ejes del modelo económico neoliberal y en especial contra un sistema privado de pensiones heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que genera bajas rentas.
Una semana de manifestaciones, enfrentamientos y saqueos en Santiago y otras ciudades han dejado 19 muertos y denuncias de abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad: policías y militares que salieron a patrullar las calles por primera vez desde la dictadura en medio del "estado de emergencia".
Cinco de las 19 muertes registradas fueron a manos de las fuerzas estatales, generando cuestionamientos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y provocando que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunciara el envío de una misión al país.