Brasil había cerrado sus fronteras para los venezolanos, un día después de que la policía de ese país bloqueara el paso de los llaneros, ahora todo quedó en saco roto gracias a la la jueza del Tribunal Supremo, Rosa Webber, quien rechazó el pedido.
Para el Tribunal Regional Federal de la Primera Región, que atendió un pedido de la Abogacía General de la Unión (AGU), "cerrar la frontera significa no reconocer al inmigrante como igual al brasileño".
La entrada de venezolanos por vía terrestre fue bloqueada el último lunes después de que Girao Barreto ordenara el cierre de la frontera hasta que hubiese un "equilibrio" entre el número de inmigrantes que ingresa desde Venezuela con los que salen a otras ciudades.
La decisión del juez de primera instancia condicionó la entrada de nuevos venezolanos a Brasil por la frontera al llamado proceso de interiorización, que es una medida del gobierno federal mediante la cual transfiere inmigrantes desde Roraima a otras regiones y les asegura la regularización en el país.
Según medios locales, al menos 100 venezolanos quedaron retenidos en la frontera hasta la decisión del TRF-1. Roraima, uno de los estados más pobres de Brasil, es la principal puerta de entrada a aquellos que huyen de la crisis económica, política y social que padece su país y deciden buscar una vida mejor en naciones vecinas.
El estado, que ha recibido unos 50 mil venezolanos, pidió este año el cierre temporal de la frontera con Venezuela por la "omisión del Gobierno Federal en cumplir su papel constitucional de control de la frontera, sobrecargando el estado".
Horas después del bloqueo, la jueza del Tribunal Supremo, Rosa Webber, rechazó el lunes el pedido realizado por el gobierno de Roraima para bloquear la entrada de venezolanos temporalmente y pidió que el juez de primera instancia fuese notificado sobre su decisión.
La reapertura de la frontera, no obstante, atendió al pedido del TRF-1, que reconoció que el bloqueo de venezolanos supone una "grave violación al orden público y jurídico", según había sido apuntado por la Abogacía General de la Unión.
Hasta el momento gracias a este proceso han sido llevados 820 inmigrantes venezolanos a ciudades como Sao Paulo, Cuiabá, Brasilia y Río de Janeiro, en Brasil.
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