La policía de Ecuador detuvo este domingo a 68 presuntos miembros de un grupo criminal que intentó tomar el control de un hospital en una localidad de Guayas, en momentos en los que el país libra una guerra contra el narco con miles de militares desplegados.
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“Neutralizamos a presuntos terroristas, quienes intentaban tomarse las instalaciones de una casa de salud en Yaguachi, Guayas”, aseguró la policía en la red social X.
El acceso de estas personas se dio “con la finalidad de resguardar a un integrante de su organización, el mismo que ingresó en calidad de herido durante la madrugada”, agregó la autoridad.
Una veintena de organizaciones siembran el terror en Ecuador e imponen su poder desde las cárceles, en represalia por las políticas de mano firme del gobierno para enfrentar la arremetida del narcotráfico.
La espectacular toma por parte de hombres armados del canal TC en plena transmisión el 9 de enero conmocionó al país y llevó al presidente Noboa a declarar un “conflicto armado interno” y ordenar una lucha sin tregua contra bandas narco a las que calificó de “terroristas”.
La policía precisó que durante el operativo policial se incautaron además armas de fuego y drogas. También fue allanado un centro de rehabilitación clandestino “donde se ocultaban” los supuestos miembros de la banda, aseguró la entidad.
“Dentro de este centro de supuesta rehabilitación, ha sido el centro de comando de toda esta gente”, precisó a al prensa el jefe de la policía local, Julio Camacho, quien informó que en esas instalaciones funcionaba además “un prostíbulo”.
Cientos de centros de rehabilitación clandestinos, que no cuentan con las condiciones adecuadas para la atención de pacientes, han sido clausurados por las autoridades ecuatorianas de salud. Otros han sido escenarios de tragedias, como cuando en 2019 fallecieron 18 personas tras quedar encerradas en un incendio.
Varios de estos centros clandestinos han sido vinculados a bandas criminales locales e incluso han sido objetivos de ataques armados, mientras otros han sido calificados como centros de secuestro y tortura por organismos de defensa de los derechos humanos.
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