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Sociedad nacional de construcción e infraestructura: transferencia hacia ANIN es insuficiente

La sociedad nacional de construcción e infraestructura (SNCI) valora la aprobación del Decreto Supremo N.° 249-2025-EF, mediante el cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/ 317 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para garantizar la continuidad de proyectos prioritarios. Sin embargo, esta medida cubre apenas el 10% de los más de S/ 3 mil millones pendientes para 2025 y resulta claramente insuficiente para resolver la crisis del sector.

La falta de pagos ha paralizado obras públicas, afectado el empleo, debilitado la estabilidad jurídica y dañado la imagen del país ante inversionistas y gobiernos extranjeros. Cuando el Estado incumple, se rompe la cadena de pagos: los subcontratistas se ven perjudicados, miles de trabajadores pierden su sustento y la población no recibe los proyectos ofrecidos.

El impacto trasciende al sector privado. La paralización de defensas ribereñas, colegios y hospitales pone en riesgo directo la vida de la ciudadanía. Solo el proyecto de defensas ribereñas del río Motupe protege a más de 50 mil personas, hoy expuestas por la falta de continuidad de obra.

Aunque el problema es heredado y la medida adoptada por el MEF representa un avance, no atiende la magnitud real financiera que enfrenta la ANIN. El déficit adicional de S/ 5 mil millones proyectado para 2026 compromete la continuidad de proyectos estratégicos en todo el país y amenaza con agravar la crisis de liquidez en las empresas contratistas y subcontratistas

La SNCI exhorta al Presidente de la República, Ministra de Economía y Finanzas y Jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) a continuar y atender con prontitud la necesidad presupuestal pendiente y al Congreso de la República; en especial a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, para trabajar de manera conjunta en una estrategia integral de financiamiento y pago de obligaciones por atender el 2026, que permita restablecer la confianza, garantizar la continuidad de obras esenciales y proteger el empleo formal.

Lima, noviembre de 2025

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