La Defensoría del Pueblo exigió este martes que el Gobierno cese de manera inmediata el Estado de Emergencia que dispuso la noche de ayer, pues consideró que se trata de una medida “inconstitucional” y desproporcionada.
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En un comunicado, la institución señaló que la decisión no toma en cuenta que la mayoría de los trabajadores se desarrollan en el rubro informal, por lo que la inmovilización social obligatoria los perjudica principalmente.
Además, se señala que medidas como el Estado de Emergencia no están diseñadas para contener conflictos sociales, pues sus efectos solo agravan los problemas ya existentes.
“El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que los estados de emergencia y las medidas que se imponen a su amparo deben responder de forma inexcusable a los criterios de proporcionalidad y necesidad. Estas exigencias no se cumplen en el presente caso, pues no se ha expresado, razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta ni se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social”, se lee en el escrito.
El presidente Pedro Castillo anunció ayer la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao luego de haber llegado a un acuerdo con el Consejo de Ministros durante una sesión extraordinaria que tuvieron este lunes por la noche.
“El Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativo a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito en la provincia de Lima y Callao”, manifestó el jefe de Estado durante un mensaje a la Nación.
Asimismo, informó que se acordó declarar la inmovilidad ciudadana desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m. del martes 5 de abril, con el propósito de “resguardar los derechos fundamentales de todas las personas”.
La medida responde a las manifestaciones y bloqueos de vías que se registran a nivel nacional. El decreto supremo que la oficializa fue difundido este lunes y fue firmado por Castillo; el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; el ministro de Defensa, José Luis Gavidia; el ministro del Interior, Alfonso Chávarry; y el ministro de Justicia, Félix Chero.
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