La defensa de las diez víctimas fallecidas el pasado 15 de diciembre, durante las violentas manifestaciones en Ayacucho, informó que solicitará a la Fiscalía el peritaje del armamento que utilizaron ese día los militares para reprimir las protestas, con el fin de determinar quiénes fueron los que usaron sus fusiles.
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Según un informe del ario ‘La República’, la fiscal Karen Obregón Ubaldo consiguió los registros de la distribución de fusiles Galil a los oficiales, suboficiales, técnicos y soldados que participaron en los enfrentamientos con los manifestantes aquel 15 de diciembre en el aeropuerto de Ayacucho. que terminaron con la vida de diez ciudadanos, además de saqueos y la quema de las oficinas del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados y otras entidades de dicha ciudad.
La Segunda Brigada de Infantería ya ha entregado a la fiscal de Ayacucho la lista del personal militar que salió a las calles el día de los hechos de sangre. De la totalidad de 218 efectivos desplegados, 61 de ellos fueron distribuidos en las patrullas 1, 2, 10, 16, 18 y 19, en cuyos ámbitos geográficos de acción las diez personas recibieron los mortales impactos de bala.
La investigación fiscal deberá determinar si los fusiles Galil fueron empleados en medio de los enfrentamientos con los protestantes en Ayacucho. Luego, se interrogará a los efectivos para que expliquen si actuaron por su cuenta o recibieron órdenes de sus superiores para transgredir el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF) que prohíbe al personal militar hacer uso de su armamento, salvo en situaciones extremas de amenaza de pérdida de vidas humanas.
Según la hipótesis fiscal, existió una orden de usar el armamento reglamentario, ya que se presume que los militares actuaron al margen de lo que indica el RUF, vigente desde 2022.
Además, la defensa indicó que los testigos y los heridos de la violenta jornada del jueves 15 de diciembre han entregado a la fiscal Obregón los casquillos de los proyectiles que dispararon los militares, para contribuir en la identificación de los autores de los disparos, para lo que es necesario un peritaje balístico.
Hace unos días, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Rocío Leandro Melgar, alias ‘camarada Cusi’, por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista, luego de que fuera detenida en en enero último por azuzar las violentas protestas que se realizaron en la ciudad de Ayacucho el 15 y 16 de diciembre pasados.
El juez Raúl Justiniano aceptó de esta manera el pedido del Ministerio Público, cuya investigación indica que la camarada ‘Cusi’ sería el rostro visible del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), un organismo generado por la Nueva Fracción Roja de la organización terrorista Sendero Luminoso. La resolución también abarca a otros cinco investigados: Estefany Alanya, Alex Gómez, Alejandro Manay, Piero Giles y Fernando Quinto.
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La Dircote ya le había puso la lupa a Rocío Leandro, meses antes de las manifestaciones violentas, después de que, gracias a operaciones de Inteligencia, se comprobara que el Fredepa estaba detrás de las pancartas que pedían “justicia para el doctor Abimael Guzmán” en los paraderos de Ayacucho.
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