El anuncio sacudió el tablero político y reavivó la memoria de los años más oscuros de la violencia y la corrupción en el Perú. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que el penal de la Base Naval del Callao dejará de funcionar en enero de 2026, lo que implica el traslado de Vladimiro Montesinos y los más sanguinarios cabecillas terroristas al penal Ancón II.
El jefe del INPE, Iván Paredes, precisó que el convenio con la Marina de Guerra llega a su fin y no será renovado. Con ello se cierra un capítulo de más de tres décadas en el que la Base Naval fue símbolo de reclusión para quienes atentaron contra la democracia y la paz del país.
Montesinos, Víctor Polay, Óscar Ramírez Durand y Florindo Flores Hala serán los protagonistas de este polémico traslado. Todos ellos seguirán bajo el régimen del CEREC, un sistema de aislamiento extremo con vigilancia las 24 horas del día.
El caso que más llama la atención es el de Vladimiro Montesinos, el hombre fuerte del fujimorato, preso desde 2001 y con más de 30 condenas por corrupción, tráfico de armas y violaciones a los derechos humanos. Según el Tribunal Constitucional, su pena unificada vence en junio de 2026, por lo que su salida estaría a solo meses de concretarse.
Junto a él se trasladará a Víctor Polay, líder del MRTA, condenado a 35 años de prisión por terrorismo y responsable de secuestros, asesinatos y del asalto al bar Las Gardenias en Tarapoto. También será movido Óscar Ramírez Durand, el ‘Comandante Feliciano’, último jefe militar de Sendero Luminoso antes de su captura en 1999. Completa la lista Florindo Flores Hala, ‘Artemio’, condenado a cadena perpetua en 2013 por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos.
Todos ellos son considerados internos de altísima peligrosidad y, según el INPE, mantendrán las mismas restricciones en Ancón II. La institución asegura que el régimen especial continuará sin modificaciones, con vigilancia estricta y control absoluto.
El cierre del CEREC, creado en 1994 en plena guerra interna, marcará un hito. Fue el penal que albergó a Guzmán, a Montesinos y a los cabecillas más temidos del país. Su desaparición deja abiertas preguntas sobre la seguridad, la logística del traslado y, sobre todo, el impacto político y social que tendrá la decisión.
Vecinos del Callao ya expresaron su inquietud ante la posibilidad de que internos de alto perfil se trasladen cerca de zonas pobladas. El propio jefe del INPE reconoció que el tema “tendrá que conversarse con las autoridades locales”.
En paralelo, el traslado ocurre en un momento delicado: el país enfrenta una crisis de inseguridad ciudadana y altos índices de criminalidad. En ese contexto, que Montesinos y los líderes terroristas sean reubicados no es un hecho menor.
El INPE sostiene que la decisión reafirma “el principio de autoridad” y la firmeza del Estado frente a quienes atentaron contra el Perú. Sin embargo, voces críticas consideran que abrirá un frente de desconfianza ciudadana y alimentará la narrativa política de quienes aprovechan la memoria del terror.
El reloj ya está corriendo. En enero de 2026, Ancón II se convertirá en la nueva celda de los personajes más oscuros de nuestra historia reciente. Un movimiento que no solo es logístico, sino profundamente político.
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