La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dijo que la ley que aprobó el Congreso que eliminaba la pensión vitalicia para expresidentes de la República y que, en lugar de eso, permitía que se le otorgue una “pensión de gracia” bajo determinadas circunstancias no fortalecía la figura de un jefe de Estado, sino que la debilitaba.
“Nos parecía que, tal como está formulada la norma, en lugar de ayudar a consolidar la figura del jefe de Estado no solo la debilitaba, sino que la pone en cuestionamiento”, señaló esta mañana ante la prensa.
La primera ministra explicó que el Gobierno observó esta norma por tres motivos fundamentales, siendo el primero de ellos el hecho que un expresidente, luego de haber ejercido el cargo, se encuentra en una situación complicada para encontrar un trabajo.
“Han habido algunos afortunados que les pagan una cantidad considerable por conferencias supuestamente, pero hemos visto que esto, en muchos casos, no necesariamente es así”, señaló.
En segundo lugar, dijo que no se podía generalizar en la ley el supuesto de que todos los presidentes de la República iban a actuar de manera incorrecta, y destacó que actualmente hay una norma que suspende la pensión vitalicia cuando un exmandatario es acusado constitucionalmente.
También dijo que no se podía dejar en desprotección a un exmandatario luego de dos años en los cuales la ley observada señalaba que terminaba el servicio de seguridad.
“No es que eliminaba solamente la pensión vitalicia, sino que la transformaba en una pensión de gracia. Es decir, si el Congreso de la Republica decidía darle pensión vitalicia al jefe de Estado, se la daba. Se podía prestar a decisiones de naturaleza arbitraria”, cuestionó.
En ese sentido, señaló que el Parlamento podría mejorar su iniciativa atendiendo la observación del Gobierno para que se introduzca un artículo que indique que, si un expresidente es procesado, se suspende el pago de la pensión. “Ser más explícitos en causales de suspensión, pero no generalizar partiendo que todos los expresidentes van a actuar de manera incorrecta”, concluyó.
De otro lado, Violeta Bermúdez dijo que la primera vicepresidenta electa, Dina Boluarte, le informó que en el transcurso del día le informarán sobre quiénes conformarán los equipos revisores de la información que el próximo gobierno de Pedro Castillo recibirá en el proceso de transferencia.
“Una vez que recibamos la información de los equipos revisores que deben notificarnos con copia a la Contraloría, tiene que proceder una sesión de instalación. El 30 de julio se realizará la sesión para la entrega de cargo oficial”, detalló.
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