La noche del jueves 5 de febrero no fue una más para el Gobierno Regional de Tumbes. En Lima, y lejos de su jurisdicción, el gobernador Segismundo Cruces Ordinola fue detenido como parte de un megaoperativo liderado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y organización criminal.
Mientras la autoridad regional era intervenida en la capital, equipos fiscales y policiales ejecutaban de manera paralela diligencias en Tumbes, Lima, Chiclayo, Lambayeque y La Libertad. Viviendas, oficinas y predios vinculados al entorno más cercano del gobernador fueron allanados con el objetivo de incautar documentación y elementos relevantes para la investigación.
El operativo, que continuó desarrollándose durante la mañana del viernes 6 de febrero, está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes. Según las indagaciones preliminares, Cruces Ordinola y otros funcionarios regionales estarían presuntamente implicados en un esquema de desvío de dinero y posterior ocultamiento de fondos de origen ilícito.
Como parte de estas acciones, las autoridades allanaron inmuebles del propio gobernador, de miembros de su familia y de colaboradores de confianza. Entre ellos figura la vivienda de Zoila Cuéllar, pareja sentimental de la autoridad regional, intervenida en el marco de las diligencias fiscales.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la gestión regional habría adjudicado de manera irregular obras públicas, entre ellas trabajos de descolmatación del río Tumbes y proyectos de infraestructura vial y educativa. Uno de los casos más sensibles está relacionado con la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I.
Según la Fiscalía, entre abril y junio de 2023 se habrían aprobado pagos por adelantos directos y de materiales que superan los 56 millones de soles a favor de una empresa china encargada de la obra. Estas decisiones, siempre según la hipótesis fiscal, habrían generado ganancias ilícitas en beneficio del gobernador, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal denominada ‘Los Elegantes del Gore’.
Las pesquisas también alcanzan a Laura Eguzquinta Flores, detenida en este caso y sindicada como sobrina de la esposa del gobernador. A ella se le atribuye el direccionamiento irregular de obras de descolmatación ejecutadas hace dos o tres años, cuyo monto bordearía los tres millones de soles.
En total, cinco personas deberían ser detenidas en esta investigación. Hasta el momento, dos han sido capturadas y las autoridades continúan con la ubicación de las otras tres, entre funcionarios públicos y personas que habrían trabajado directamente con autoridades regionales y provinciales.
La Policía informó que el dinero presuntamente obtenido de manera ilícita habría sido destinado a la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Como resultado de las diligencias, se incautaron dos bienes inmuebles, se allanaron siete predios y se decomisaron tres vehículos, cuyo valor total se estima en aproximadamente 8,5 millones de soles.
El general Orlando Sánchez Ramírez, jefe de la dirección policial a cargo del caso, explicó que la detención preliminar tiene un plazo de 15 días. Durante ese periodo, la Policía y la Fiscalía deberán recabar nuevos elementos de convicción que sustenten la medida y permitan definir los siguientes pasos procesales.
El alto mando policial precisó que la intervención inicialmente estaba prevista solo en Tumbes, pero fue adelantada al confirmarse que el gobernador se encontraba en Lima, con el objetivo de evitar un eventual riesgo de fuga. Además, se autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones para revisar teléfonos celulares y aplicaciones de mensajería de los investigados.
La detención de Cruces Ordinola ocurre en un contexto especialmente sensible para la región. Tumbes se encuentra bajo estado de emergencia desde el 19 de enero, medida prorrogada por 60 días para enfrentar delitos como contrabando, trata de personas, lavado de activos, sicariato y extorsión, con apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.
Según recordó el general Sánchez, este no sería un hecho aislado. Se trata del quinto gobernador regional de Tumbes vinculado a procesos por corrupción, mientras que cuatro exautoridades enfrentan juicios o cumplen prisión por distintos delitos. En las próximas horas, el gobernador detenido será trasladado a Tumbes bajo custodia policial para continuar con las diligencias, mientras la región sigue expectante ante el desarrollo de uno de los casos más graves que ha golpeado a su gobierno regional en los últimos años.
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