Durante más de una década, el llamado Caso Cócteles fue el principal símbolo de la ofensiva fiscal contra la corrupción política en el Perú. Hoy, esa historia acaba de dar un giro radical. Por mayoría, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Keiko Fujimori, anulando la investigación y la acusación fiscal por el financiamiento de sus campañas electorales del 2011 y 2016.
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La resolución no solo libera a la excandidata presidencial del proceso judicial más extenso de su vida política, sino que cuestiona directamente el trabajo del Ministerio Público y del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, al señalar que los delitos imputados “carecen de sustento jurídico”.
El TC sostuvo que los hechos por los que Fujimori fue investigada no constituían delito al momento de ocurrir, y que la Fiscalía incurrió en una “excesiva criminalización”. Además, destacó que el caso excedió el plazo razonable de una investigación penal, al haberse prolongado más de diez años.
EL FIN DE UNA DÉCADA JUDICIAL
En su sentencia, el Tribunal Constitucional precisó que el delito de lavado de activos —en la modalidad que se aplicó al caso— fue incorporado recién en noviembre de 2016, por lo que no podía emplearse de forma retroactiva a hechos ocurridos en las campañas de 2011 y 2016. También concluyó que no se acreditó que Fuerza Popular tuviera “una finalidad criminal”, como alegaba la Fiscalía.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó sin efecto todos los actos procesales, desde las indagaciones preliminares hasta la última acusación presentada en julio de 2025. Es decir, el caso queda archivado de manera definitiva, sin posibilidad de juicio oral.
La defensa de Fujimori, encabezada por la abogada Giulliana Loza, celebró el fallo como una reivindicación tras años de proceso. “La justicia constitucional nos dio la razón”, escribió en la red X, subrayando que su patrocinada fue investigada “por hechos que no eran delito”.
El fiscal José Domingo Pérez, en cambio, pierde con este fallo la causa más emblemática de su carrera dentro del equipo Lava Jato. La decisión del TC neutraliza una investigación que llegó a pedir 35 años de prisión para la lideresa de Fuerza Popular.
IMPACTO POLÍTICO Y JURÍDICO
El fallo del Tribunal Constitucional no se agota en Keiko Fujimori. Su efecto podría extenderse a otros casos de financiamiento electoral, como los que involucran a Ollanta Humala, Susana Villarán o Vladimir Cerrón, donde también se invocó la figura del lavado de activos.
En su argumentación, el TC invocó el principio de legalidad penal, según el cual nadie puede ser procesado por un delito que no estaba tipificado en el momento de los hechos. Con ello, deja sin piso jurídico a varias acusaciones basadas en aportes electorales previos a 2016.
El Ministerio Público advirtió que el pronunciamiento podría tener un impacto devastador sobre los procesos de corrupción vinculados a las campañas políticas, al anular años de investigación y desincentivar futuros juicios.
Desde el entorno de Fuerza Popular, la sentencia fue leída como un “acto de justicia histórica” que restituye la legitimidad política de Keiko Fujimori, quien vuelve a escena libre de procesos y con posibilidad de competir sin restricciones.
EL TC Y EL MENSAJE AL SISTEMA DE JUSTICIA
Más allá del desenlace judicial, el caso revela un mensaje de fondo: el Tribunal Constitucional ha vuelto a intervenir directamente en los límites del poder fiscal. Para sus críticos, el fallo supone un golpe a la lucha contra la corrupción; para sus defensores, una corrección necesaria ante un Ministerio Público que, según el TC, sobrepasó su marco legal.
La decisión fue adoptada con el voto favorable de cinco de los siete magistrados, en una sesión que reavivó la tensión entre el sistema judicial y el constitucional.
La Fiscalía deberá ahora archivar definitivamente la carpeta 55-2017, que sirvió de base al caso Cócteles. Así se pone punto final a una investigación que definió gran parte del debate político y judicial en el país durante los últimos diez años.
Para Keiko Fujimori, el fallo no solo significa el cierre de un proceso penal. Representa también el relanzamiento de su carrera política en un momento clave: cuando el fujimorismo intenta reconstruir su influencia en el Congreso y en la opinión pública.
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