El Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía de la Nación allanó este martes oficinas de la empresa Lima Expresa SAC vinculadas con la investigación a la exalcaldesa Susana Villarán y otros involucrados en el caso Línea Amarilla, según confirmó el Ministerio Público.
La Fiscalía precisó que la diligencia se realizó como parte del proceso por presuntos actos de concertación entre exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y los representantes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, que se habrían realizado entre el 2010 y 2015.
Se trata de un proceso distinto al de aportes de campaña por el que Villarán ya tiene una acusación.
El pedido fue presentado por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, y alcanza a las oficinas de Lima Expresa (ex Línea Amarilla) y Vinci Highways, en Surco, y Estudio Echecopar, en San Isidro.
“Equipo especial Lava Jato ejecuta una orden de allanamiento a las empresas Lima Expresa SAC, Vinci Highways Perú SAC y estudio de abogados Echecopar por el proceso contra Susana Villarán y otros, por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y cohecho pasivo propio”, informó el Ministerio Público.
Según la resolución a la que El Comercio tuvo acceso, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el requerimiento de “allanamiento, registro domiciliario con medida de descerraje con fines de búsqueda de pruebas e incautación”.
El juez Jorge Chávez Tamariz también autoriza el “quebrantamiento de cerraduras, en caso de oposición, así como la ruptura de cerraduras que existen en escritorios, armarios, estantes, casilleros, mesa, caja fuertes, entre otros”.
El objetivo de la medida es incautar documentos vinculados a las operaciones de transferencia de acciones de la Sociedad Línea Amarilla SAC (LAMSAC), desde que se constituyó en el 2009 hasta el 2016, así como información sobre empresas nacionales y extranjeras que participaron en la revisión y análisis de dicho proceso.
La Fiscalía del caso Lava Jato sostiene que Susana Villarán lideró, desde 2011, una red de corrupción y lavado de activos que se instaló en la Municipalidad de Lima hasta 2015.
El Ministerio Público pide 29 años de cárcel para Villarán por, según las autoridades, haber favorecido con contratos a las constructoras brasileñas a cambio de 11 293 000 dólares, para como “financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y las elecciones municipales de 2014 con el fin de mantenerse en el poder”.
Mediante un comunicado, Lima Expresa señaló que son “respetuosos del marco legal vigente” y que “siempre estamos a disposición de las autoridades locales a fin de colaborar en cualquier proceso de investigación o diligencia que corresponda”.
Añadió que “aún no tenemos detalles sobre la motivación de esta diligencia. Sin embargo, corresponde a un proceso de investigación en curso, en el cual venimos colaborado plenamente desde su inicio”.
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