El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado en el que aborda los ingresos de Roberto Sánchez al penal de Barbadillo durante la segunda vuelta electoral. El organismo respondió a cuestionamientos difundidos en distintos espacios políticos y mediáticos.
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En su pronunciamiento, la entidad negó de manera categórica que el candidato presidencial haya recibido algún tipo de beneficio adicional. Además, sostuvo que sus actuaciones se ajustan estrictamente a la normativa vigente que regula el acceso de autoridades al establecimiento.
El INPE fundamentó su posición en el artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. Dicho dispositivo autoriza el ingreso de congresistas de la República a centros penitenciarios, previa identificación, en cualquier día de la semana y en el ejercicio de sus funciones.
Bajo ese marco, la institución precisó que Roberto Sánchez ingresó al recinto en condición de parlamentario, pese a su participación en el proceso electoral. Asimismo, descartó que se haya permitido el acceso acompañado de una comitiva.
Comunicado del INPE.
“El congresista Roberto Sánchez ingresó solo al establecimiento penitenciario; no se le permitió el ingreso acompañado de una comitiva”, se lee en el comunicado.
El organismo recalcó que impedir el ingreso de un congresista podría interpretarse como una actuación arbitraria. En esa línea, enfatizó que no tiene facultades para imponer restricciones que no estén contempladas en la ley.
De igual forma, la entidad subrayó que su función se limita a la aplicación estricta del marco normativo vigente. Cualquier modificación o evaluación sobre el alcance de dichas disposiciones corresponde a instancias legislativas o competentes.
INPE se pronuncia ante cuestionamientos
Ante las críticas por un supuesto uso político del establecimiento, la institución aclaró que no posee atribuciones para calificar la finalidad del ingreso de un parlamentario. Además, indicó que tampoco puede restringir derechos reconocidos por ley a otros poderes del Estado.
Finalmente, el INPE precisó que cualquier análisis sobre una posible actuación fuera de funciones corresponde al Congreso de la República u otras autoridades competentes. En consecuencia, reiteró que cualquier cambio normativo debe realizarse por las vías legales establecidas.
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