MANO DURA. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que el Ejecutivo promulgó un decreto legislativo, que establece mayor severidad contra quienes participen y organicen bloqueos de carreteras, delito que ahora podrá ser castigado hasta con 15 años de cárcel según la nueva norma que establece la modificación del Código Penal.
Ello, en medio del anuncio de nuevas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso convocadas entre el 7 y el 9 de diciembre próximos, cuando se cumple un año de la caída de Pedro Castillo.
“Debo comunicar que se ha publicado el Decreto Legislativo 1589, que adopta una serie de medidas, acordadas y discutidas en el Consejo de Ministros. Estamos modificando el Código Penal para garantizar la seguridad pública. Estas penas por bloqueo se han agravado hasta con 15 años de cárcel. Las penas van a ser severas y también efectivas”, dijo el premier en conferencia de prensa.
De acuerdo al citado decreto, si se afectan las vías, los imputados serán reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de quince años, además de trecientos sesenta y cinco a mil días multa.
Para este fin, fue modificado el numeral 3, del artículo 315 del Código Penal, en materia de disturbios.
“Si se afecta vías terrestres nacionales, departamentales, locales y fluviales; infraestructura portuaria; infraestructura, para la generación, transmisión y distribución de energía; infraestructura para la extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos, gas natural, otros derivados de petróleo y recursos mineros; infraestructura ferroviaria, aeroportuaria; y, las destinadas para el servicio de navegación aérea, para los servicios de agua, saneamiento, salud pública, telecomunicaciones, sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria, infraestructura física y de tecnologías de la información del sistema satelital, registro civil, migratorio, registral, cartográfico, policial, militar, penitenciario, meteorológico, defensa civil, financiero y tributario; bienes culturales muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de quince años y con trecientos sesenta y cinco a mil días-multa”, ahora señala el citado párrafo.
El presidente del Consejo de Ministros, además, recordó que el próximo 7 de diciembre se cumple un año desde que Dina Boluarte ascendió a la presidencia, por lo cual las protestas podrían intensificarse.
“En estos días se va a cumplir un año del golpe de estado dado por el expresidente Pedro Castillo. Existe un intento de tomar y bloquear nuevamente la zona del Barrio Chino (Ica). Se anuncian algunas protestas, que son constitucionales, siempre que no se afecten los bienes públicos y privados”, manifestó Otárola.
El decreto legislativo N° 1589 lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y el del ministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón.
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