El juez Raúl Justiniano Romero evaluará este martes el pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, que solicitó 36 meses prisión preventiva para la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini al vencerse hoy lunes el plazo de diez días de detención preliminar en contra de ambos investigados por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.
El pedido realizado por el fiscal provincial Cristhian Niño Torres será evaluado desde las 4 de la tarde de este martes 18 de julio. Hasta que el magistrado resuelva, los investigados deben permanecer bajo detención preliminar. En caso de aprobar la prisión preventiva, serán internados en un penal.
La medida alcanza tambien a Luis Mesones Odar (prófugo ex gerente general de Marka Group y exesposo de Goray), Pedro Arroyo (expresidente del Fondo Mivivienda S.A.) y Roger Gavidia Johanson (exmiembro del Comité de Riesgos del Fondo Mivivienda y exsuperintendente nacional de Bienes Estatales).
¿Cuáles son los elementos claves que han provocado que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva contra ambos?
5.4 MILLONES DE SOLES EN COIMAS
Entre setiembre de 2021 y junio de 2022, Goray entregó S/5,4 millones como sobornos a la red criminal presuntamente encabezada por el expresidente Castillo. Marrufo, en su declaración como colaborador eficaz ante el Ministerio Público, relató que la empresaria le entregó este dinero en 11 armadas a lo largo del referido tiempo.
El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, considera que los pagos de Goray a la organización criminal fueron efectuados “de manera sistemática”. Agrega que la empresaria recibió a cambio beneficios para participar en proyectos del Fondo MiVivienda y colocar a allegados en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), entre otras instituciones.
“CONTROL TOTAL” DEL FONDO MIVIVIENDA
De acuerdo al testimonio colaborador eficaz N°09-2023 ante el Ministerio Público, Salatiel Marrufo le dijo a Goray que para que ella “tenga el control total y el manejo” del FMV tenía que cambiar a los directores y que esto “le costaría S/5 millones”.
Unas semanas después de este encuentro, exactamente el 29 de setiembre de 2021, se acordó nombrar a Pedro Arroyo Marquina como presidente del Fondo MiVivienda y a Roger Gavidia Johanson y Gonzalo Arrieta Jovic como directores de la referida institución. Los tres por recomendación de la empresaria.
El colaborador eficaz N°09-2023, en la declaración que dio al Ministerio Público el 22 de marzo último, dijo que las personas elegidas por Goray para integrar el directorio del Fondo MiVivienda “estaban estrechamente ligadas con ella y con sus socios financistas para que puedan favorecerla en los procedimientos administrativos” en esa institución.
RETIROS ILÍCITOS
El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder identificó que Goray retiró de manera “ilícita” más de S/2,7 millones del BBVA, entre setiembre del 2021 y junio del 2022. Este dinero corresponde a los intereses generados con dinero que provino “de las arcas del Estado” y que fue trasladado a los fideicomisos para la ejecución de cinco proyectos respaldados por el Fondo MiVivienda (FMV), otorgados a Marka Group.
Los retiros se hicieron hasta el 2 de diciembre último, es decir hasta cinco días antes de que Castillo Terrones diera un golpe de Estado en televisión nacional.
COACCIÓN EN LA SBN
De acuerdo al Ministerio Público, entre julio y diciembre del 2021, Goray tuvo dos reveses en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), cuando esta institución declaró improcedente su solicitud para rectificar “áreas, linderos y medidas perimétricas del predio estatal inscrito en la partida registral N°49059060, por encontrarse ‘supuestamente’ superpuestos con su predio ubicado en el distrito de Chilca”.
En este escenario, el 9 de marzo del 2022, la empresaria interpuso un recurso de nulidad a todo lo decidido.
Antes de que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales resuelva, Cynthia Rudas Murga, en su condición de superintendente de la SBN, convocó a William de la Vega Villanes, de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, “para coaccionarlo”, a fin de que resuelva a favor de la representante de Marka Group.
INFLUENCIA EN SEDAPAL
Los intereses de Goray no se limitaron al FMV y a la SBN, según el Ministerio Público. La investigada empresaria también logró colocar a su exesposo, Luis Mesones Odar, como miembro del directorio de Sedapal con el objetivo de verse favorecida en esta otra entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS), de acuerdo a la declaración de un colaborador eficaz.
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