
Rafael López Aliaga reconoció su derrota en las elecciones presidenciales del 2026 luego de que el Jurado Nacional de Elecciones rechazara definitivamente el pedido de nulidad de más de cuatro mil mesas de sufragio de la llamada serie 900 mil. El líder de Renovación Popular aceptó que agotó todas las vías legales para revertir los resultados y anunció que su agrupación trasladará su “lucha” al nuevo Congreso, aunque insistiendo en denunciar un supuesto fraude electoral.
La admisión llegó a través de un video difundido en TikTok. “Que quede en la historia que me enfrenté a todos hasta el último aliento”, se escucha en el mensaje publicado por el exalcalde de Lima pocas horas después de la resolución emitida por el JNE.
El pronunciamiento marcó un giro luego de varias semanas de confrontación abierta con las autoridades electorales. Desde el cierre de la jornada electoral del 12 y 13 de abril, López Aliaga sostuvo públicamente que el proceso estuvo manipulado por retrasos en la instalación de mesas y problemas logísticos registrados en Lima.
Esos cuestionamientos derivaron en denuncias directas contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones. El entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, terminó renunciando tras la presión generada por las fallas en la distribución del material electoral.
López Aliaga acusó tanto a Corvetto como al presidente del JNE, Roberto Burneo, de haber “vendido la democracia”. Además, exigió la anulación completa de los comicios y promovió recursos legales para invalidar miles de actas vinculadas a centros poblados.
LAS PROTESTAS Y LOS INSULTOS
La tensión política escaló cuando el líder de Renovación Popular encabezó concentraciones frente a la sede del JNE en Lima. Durante esos actos advirtió que daría 24 horas para revertir los resultados y que, de no ocurrir, convocaría a una “insurgencia civil”.
En medio de sus discursos también lanzó insultos homofóbicos y amenazas de agresión sexual contra Roberto Burneo, declaraciones que generaron rechazo de organismos públicos, legisladores y sectores políticos.
Paralelamente, Renovación Popular presentó recursos de nulidad ante los Jurados Electorales Especiales alegando que la ampliación del horario de votación y la instalación tardía de mesas vulneraron el derecho al voto de los limeños.
El propio López Aliaga denunció penalmente al jefe de la ONPE y pidió su detención. Además, ofreció veinte mil soles a cualquier funcionario electoral que entregara pruebas verificables de fraude, aunque eliminó la publicación horas después tras las críticas recibidas.
En sus intervenciones también insinuó que actores extranjeros estarían involucrados en el supuesto fraude electoral. Mencionó al expresidente chileno Gabriel Boric y a gobiernos vinculados a Cuba, Venezuela y Bolivia.

EL CONGRESO COMO NUEVO ESCENARIO
Mientras las denuncias crecían, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Asociación Civil Transparencia y la misión de observación de la Unión Europea descartaron que existiera fraude electoral.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, afirmó públicamente que no se identificó ninguna causa de nulidad ni manipulación de votos. Las instituciones coincidieron en que hubo problemas logísticos, pero no alteraciones del resultado electoral.
Con el escrutinio prácticamente concluido, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez quedaron como virtuales candidatos para disputar la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio. López Aliaga terminó en tercer lugar, separado por aproximadamente veinte mil votos del candidato de Juntos por el Perú.
En un comunicado difundido este jueves, Renovación Popular reconoció que “agotó todas las instancias” para intentar revertir los resultados. Sin embargo, insistió en afirmar que el JNE “convalidó el fraude electoral denunciado”.
El partido aseguró que continuará su confrontación política desde el Congreso de la República, donde tendrá representación importante en ambas cámaras. Pese a haber sido elegido senador, López Aliaga anunció que no asumirá el cargo.
“En estas condiciones, ni loco juramentaría”, declaró en entrevista con Panamericana. Según explicó, un accesitario ocupará su escaño en el Senado mientras él se mantiene al margen del Parlamento.
Con la proclamación oficial prevista para el domingo 17 de mayo, el proceso electoral ingresó a su etapa final, mientras las autoridades electorales intentan cerrar semanas de tensión política, acusaciones y protestas alrededor de los resultados de la primera vuelta.











