PEDIDO RECHAZADO. El Poder Judicial le dio un nuevo revés al expresidente Pedro Castillo. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva presentado por su defensa. De esta manera, el exmandatario seguirá recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo una medida coercitiva que vence en diciembre de 2025.
Castillo es procesado por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, tras su fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía ha solicitado 34 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Durante la audiencia, la defensa de Pedro Castillo alegó que los fiscales que participaron en las audiencias no eran competentes por no ser titulares, y solicitó su liberación inmediata. Sin embargo, el juez Checkley explicó que los fiscales adjuntos supremos tienen respaldo legal para actuar en apoyo de los titulares cuando estos no pueden asistir, como fue el caso.
Además, el magistrado señaló que no se presentaron nuevos elementos que desvirtúen las razones originales por las que se impuso la prisión preventiva ni su posterior prolongación. “Las críticas contra los fiscales no derrotan los elementos de convicción que sustentaron la medida”, se lee en la resolución.
También se recordó que en enero de 2025 ya se rechazó un pedido anterior de Castillo para que se le imponga arresto domiciliario y vigilancia electrónica en lugar de la cárcel.
Como en audiencias anteriores, Pedro Castillo volvió a negar que haya intentado perpetrar un golpe de Estado y, en cambio, aseguró que lo que ocurrió aquel 7 de diciembre fue un “alzamiento armado” para derrocar su gobierno. “Apuntaron a mi hija”, afirmó en la sesión, sin presentar pruebas.
Incluso agradeció a la ONU por supuestamente haber iniciado una investigación sobre ese supuesto alzamiento, algo que no ha sido confirmado por ningún organismo internacional.
En la misma intervención, se autoproclamó “presidente de la República” y dijo que su proceso era injusto por estar siendo juzgado por jueces provisionales, pese a que casos como el de Alberto Fujimori también fueron juzgados por magistrados de similar condición.
Pedro Castillo cumple prisión preventiva desde septiembre de 2022, inicialmente por 18 meses, medida que fue ampliada otros 18 en julio de 2024. Ahora, el Poder Judicial ha confirmado que deberá continuar en prisión hasta diciembre de 2025 mientras se desarrolla el juicio oral en su contra.
La resolución del juez Checkley refuerza la postura de la Corte Suprema de que la prisión preventiva es una medida proporcional y justificada en este caso. Mientras tanto, el juicio avanza en medio de constantes tensiones entre los magistrados y la defensa del exmandatario, que insiste en denunciar una supuesta persecución política.
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