El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Ángulo, enfrenta horas decisivas. Una jueza de Arequipa ordenó suspenderlo por 18 meses de sus funciones, en el marco de una investigación fiscal por corrupción. Sin embargo, el alto oficial salió al frente y calificó la medida como “inaplicable”.
Según el fallo judicial, Zanabria habría utilizado policías como mano de obra en obras de construcción en Arequipa, además de estar implicado en contrataciones simuladas y apropiación indebida de fondos. El caso, conocido como el de los ‘policías albañiles’, lo coloca en el ojo de la tormenta.
El propio Zanabria convocó a la prensa y, rodeado de generales en la sede policial, aseguró que la resolución tiene errores de forma y fondo. Recordó que la designación del comandante general de la PNP corresponde únicamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte.
“Se notifica a mi persona de que tengo que ser separado, pero quien designa al comandante general de la Policía es la jefa suprema, la señora presidenta. Ella debe ser notificada y tomará la decisión”, subrayó.
LOS CARGOS Y TESTIMONIOS QUE LO COMPLICAN
La medida fue dictada por la jueza Janett Mónica Lastra, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa. Según su resolución, existen suficientes elementos que vinculan a Zanabria con delitos de peculado y colusión, y además hay peligro de obstaculización y reiteración delictiva.
Los hechos que se le imputan son tres. Primero, haber usado a unos 15 policías para remodelar ambientes de la región policial de Arequipa en 2020, encubriéndolos como si hicieran “inteligencia operativa”. Segundo, simular una contratación por S/ 17,600 para el arreglo del patio de armas, de la cual se habría quedado con el excedente. Y tercero, la apropiación de una donación de una minera local, dinero que nunca se registró formalmente en la institución.
Los testimonios de la mayor PNP Claudia del Castillo y del albañil Claver Colquehuanca fortalecen la acusación. Este último aseguró que recibió un pago mayor al pactado y que el propio Zanabria le pidió devolverle la diferencia.
La jueza rechazó los argumentos de la defensa, que alegaba que se trataba de “aportes privados” y de una práctica “usual” en la institución. En su fallo, remarcó que el uso de policías como mano de obra constituye un abuso de poder y un uso indebido de recursos del Estado.
Zanabria, por su parte, insistió en que el documento judicial tiene un error material, pues lo señala como jefe del Comando de Operaciones Policiales, cargo que actualmente ocupa el general Carlos Céspedes. “El suspendido sería él, no yo”, ironizó el comandante general.
Más allá de su defensa, lo cierto es que el proceso continúa en Arequipa y la Fiscalía deberá sustentar los cargos en las próximas audiencias. El oficial, que pasará al retiro en enero de 2026, aseguró que se va “orgulloso” de su carrera y de haber buscado “el bien de su personal”.
La crisis abre un nuevo frente en la PNP, que deberá definir de inmediato a un reemplazo en la máxima jefatura, en medio de un contexto de alta inseguridad ciudadana y de tensiones políticas.
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