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Todas las pruebas los comprometen. Este jueves, tras una audiencia iniciada a las 11 de la mañana, el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, en una investigación por presunta colusión agravada y omisión de actos funcionales.
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La medida no llegó sola. También alcanza a José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, todos vinculados a un proceso de contratación que, según la fiscalía, habría sido direccionado a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.
El caso gira en torno al servicio de transporte de material electoral para los comicios de 2026, adjudicado por más de 6 millones de soles. La tesis fiscal sostiene que hubo un diseño previo para favorecer a un proveedor específico.
Para sustentar el pedido, el Ministerio Público presentó 87 elementos de convicción. Entre ellos, destacan conversaciones de WhatsApp entre funcionarios y el hallazgo de un pasaporte durante el allanamiento a la vivienda de Corvetto.
CHATS BAJO LA LUPA
Las conversaciones reveladas forman parte central de la investigación. En un intercambio del 15 de enero de 2026, Juan Phang le comenta a José Samamé sobre la posibilidad de retrasar la impresión de la lista de electores.
“En principio, le he indicado a Manuel que no habría inconveniente con financiar estas contrataciones adicionales”, escribió Phang, en referencia a la necesidad de contratar más personal.
La respuesta no tardó. “Luego de la reunión de mañana veremos qué plantea Pierto”, respondió Samamé, en alusión directa a Piero Corvetto.
Otro grupo de mensajes, del 2 de febrero, gira en torno a la adjudicación del servicio. A pesar de que una empresa competidora ofrecía un monto menor, la balanza se inclinó hacia Galaga.
“Bien gordito, que notifique hoy. Buen trabajo”, escribió Phang tras conocer el resultado, en una frase que la fiscalía considera relevante para evidenciar coordinación previa.
Los chats también reflejan la importancia que se dio a la evaluación técnica por encima del costo económico, lo que habría permitido justificar la elección de una propuesta más alta.
Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de ONPE.
UN ESQUEMA ORGANIZADO
La fiscalía sostiene que las conversaciones no son hechos aislados. Forman parte de un esquema más amplio en el que se habrían modificado reglas de contratación para concentrar decisiones en determinados funcionarios.
Según la investigación, los Términos de Referencia incluyeron condiciones no objetivas que generaron ventajas indebidas. Incluso se estableció que, una vez elegido el postor, no se podían presentar recursos impugnatorios.
Piero Corvetto-Requerimiento de impedimento de salida del país
Otro punto clave es que el proceso no fue incluido en el Plan Anual de Contrataciones del 2026, pese a tratarse de un monto significativo. Además, el costo referencial del servicio fue fijado sin sustento técnico documentado.
Las coordinaciones también evidencian la elaboración y ajuste de requisitos durante el propio proceso. “Ya estamos con retraso”, escribió Samamé el 6 de febrero, mientras solicitaba el envío del TDR para continuar con el trámite.
Ese mismo día, se discutían detalles como simulacros y condiciones técnicas, en una dinámica que, según la fiscalía, demuestra que las reglas se construyeron sobre la marcha.
A estos elementos se suma el hallazgo de un pasaporte vigente durante el allanamiento a la vivienda de Corvetto. Para el Ministerio Público, este dato refuerza el riesgo de fuga y justifica la medida restrictiva.
Con este conjunto de evidencias, el juez Manuel Chuyo declaró fundado el pedido fiscal. La investigación continúa y las diligencias buscan esclarecer si existió una concertación para beneficiar a la empresa Galaga en uno de los procesos clave de la ONPE.
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