Ha pasado un mes desde que el Poder Judicial ejecutó la inscripción de la incautación, autorizada por el juez Richard Concepción Carhuancho, de la famosa casa de la cuadra 1 del pasaje Sarratea, en Breña, pero todavía no se conoce cuál será el destino del inmueble utilizado por el expresidente Pedro Castillo como centro de operaciones en la campaña del 2021 y luego como despacho paralelo durante su Gobierno.
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Según un informe del diario ‘El Comercio’, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) todavía no se ha reunido para determinar a qué entidad del estado le dará la vivienda, que le pertenece al prófugo empresario Alejandro Sánchez Sánchez, pero ya tienen definido que irá al sistema de administración de justicia.
De acuerdo con la información del medio, el gobierno baraja tres opciones para la casa que castillo utilizaba para reunirse con sus aliados políticos y empresarios. La primera sería darle el inmueble en uso al Equipo Especial contra la corrupción del poder del Ministerio Público, que está dirigido por la fiscal superior Marita Barreto.
Las otras opciones que se analizan es que sea sede de una oficina de la procuraduría anticorrupción o que termine siendo un juzgado de paz.
“El hecho es que se utilice para un fin contrario al que era usado por el expresidente Castillo y sus allegados”, manifestaron las fuentes de ‘El Comercio’.
La vivienda de Breña le pertenece al empresario Alejandro Sánchez Sánchez, quien, a mediados de noviembre último, recibió 30 meses de prisión preventiva por su presunta pertenencia al denominado ‘Gabinete en la sombra’ de Castillo Terrones.
Desde entonces se encuentra en la clandestinidad y fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), ofreciéndose 30 mil soles por información que lleve a su captura.
Según otras fuentes de ‘El Comercio’, la fiscal Barreto, quien tiene la primera opción para el uso del lugar, estaría esperando que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional resuelva el recurso de apelación presentado por Sánchez para dejar sin efecto la incautación de su vivienda, antes de aceptar trasladar su oficina ahí.
Al respecto, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado explicó que “por práctica y antecedentes”, el Estado tiene la potestad de hacer uso del inmueble, así haya una apelación de por medio.
La Policía Nacional del Perú (PNP) recaudó una serie de pruebas y documentos del expresidente, Pedro Castillo, dentro de su casa alquilada en el pasaje Sarratea, en Breña. Según un reciente reportaje de Cuarto Poder, en el domicilio se descubrieron que demuestran los vínculos con organizaciones ilegales de minería de Puno.
Entre los documentos se halló un reconocimiento a Castillo del denominado Comando magisterial minero de campaña de La Rinconada y Lunar de Oro, de Puno.
De la misma manera, dentro del inmueble se hallaron chalecos de campaña del comando nacional de Perú Libre, así como sobres del Ministerio de Relaciones Exteriores que debían permanecer en Palacio de Gobierno o en la cancillería.
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Según las investigaciones de la PNP, el sector minero de La Rinconada fue el encargado de suministrar material clandestino para la quema de comisarías en esa región, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, lo que revela las conexiones entre el expresidente Pedro Castillo y al menos un grupo radical involucrado en las protestas en Puno.
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