Que entreguen todo. La Procuraduría General del Estado solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema el embargo de los bienes del exmandatario Pedro Castillo y de Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros y extitular de Justicia y Derechos Humanos, en el proceso que se les sigue por el delito de rebelión tras el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre.
“En representación del Estado, solicita se dicte las medidas cautelares reales de embargo en forma de inscripción e inhibición sobre los bienes e inmuebles del investigado Aníbal Torres Vásquez en el proceso abierto que se le sigue por la presunta comisión del delito de rebelión y otro”, se indica en el documento que envió el procurador Daniel Soria Luján.
En el proceso por el delito de rebelión también están investigados, además de Aníbal Torres y Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, de la Corte Suprema de Justicia, declaró fundado el recurso que presentó la Procuraduría General del Estado para constituirse como actor civil en el caso que se sigue contra el exministro Roberto Sánchez Palomino por el delito de rebelión ante el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre.
Con esa medida, el procurador Soria quiere asegurar el cobro de reparación civil de S/67 millones 711 mil 48 que podrían pagar de forma solidaria Castillo, Torres, la expremier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Sin embargo, el monto final lo decidirá el Poder Judicial.
Si el juez supremo Juan Carlos Checkley concede el pedido, los investigados no podrán vender ni ceder las bienes a terceros.
De acuerdo al petitorio, al que accedió el diario ‘Perú21′, son cuatro los inmuebles del exmandatario sobre los que se requiere la medida de inhibición; y sobre nueve propiedades, incluyendo un vehículo de US$20,000, del ex primer ministro.
La Procuraduría General del Estado registró dos estacionamientos de Torres, valorizados cada uno a US$15,000, y un departamento de US$236,800. Todos ubicados en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro.
También solicitó que se le embarguen otros cinco inmuebles ubicados en Cercado de Lima.
Con respecto a Castillo Terrones, las cuatro propiedades a congelar están en Cajamarca, la región natal del exjefe de Estado.
Según el Ministerio Público, el exgobernante se encargó de leer el discurso en el que anunció el ilegal cierre del Congreso y la reorganización del sistema de Justicia. Pero Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez habrían instigado esa ilegal decisión.
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