La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, ratificó los 18 meses de prisión preventiva ordenados por el juez Juan Carlos Checkley contra el vacado expresidente Pedro Castillo en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. También dispuso el impedimento de salida del país en contra del ex primer ministro Aníbal Torres.
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“Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el investigado José Pedro Castillo Terrones y fundado, en parte, el recurso de apelación interpuesto por el señor fiscal supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos”, se lee en la resolución.
Con esta confirmación, el exmandatario deberá continuar recluido, por lo menos hasta julio de 2024, en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, en el que permanece luego del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el último miércoles 7 de diciembre.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema también le impuso 18 meses de impedimento de salida del país al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración por el fallido golpe de Estado de Castillo.
El ex presidente del Consejo de Ministros había pasado, en un primer momento a la clandestinidad, pero posteriormente —tras conocer que no se le impuso una prisión preventiva— retornó a su casa y retomó sus labores como docente.
Torres debe seguir algunas reglas como parte del mandato de comparecencia con restricciones como prohibición de ausentarse del lugar donde reside en Lima Metropolitana sin autorización judicial y pasar por control virtual de sus actividades en tanto dure la emergencia sanitaria por la COVID-19. Luego el trámite se realizará de manera presencial o personal.
El último miércoles, el expresidente participó en la audiencia de apelación de prisión preventiva, en donde rechazó haber cometido el delito de rebelión. “No me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas en nadie, pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, obteniendo como saldo más de 20 desaparecidos y 200 heridos”, enfatizó.
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“Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política. Pido que cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho”, añadió Castillo.
El exmandatario también afirmó estar incomunicado. “Debe tener conocimiento, usted, señor juez, de que hasta la fecha estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia”, sostuvo.
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