El juez supremo Juan Carlos Ckeckley Soria anunció que este jueves 9 de marzo, a las 3 de la tarde, comunicará la decisión que tome sobre el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión cometidos durante su Gobierno.
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La solicitud del Ministerio Público también abarca a los exministros Juan Silva (Ministerio de Transportes) y Geiner Alvarado (Ministerio de Vivienda), investigados por los mismos casos.
La Fiscalía pide 3 años de prisión preventiva debido a los indicios de fuga, como el pacto con México donde se encuentra su familia, y el peligro procesal por su condición de jefe de una organización criminal.
Según la fiscal suprema Galinka Meza, al exmandatario le correspondería una condena de 32 años de prisión. Mientras tanto, el exministro Geiner Alvarado podría obtener una sentencia de 17 años y 8 meses y al extitular de Transportes, Juan Silva, le podría esperar 24 años y 8 meses de cárcel.
El vacado exmandatario participó en la audiencia, junto con su abogado, Eduardo Pachas, quien sustentó sus argumentos de defensa.
Castillo también intervino y negó que haya formado parte de una organización criminal. Incluso, sostuvo que “está casi 100 días incomunicado”, pese a que mantiene activa sus redes sociales, se reúne con sus abogados, envía cartas a organismos internacionales y recibe visitas de congresistas.
“El único delito fue servir al país”, expresó y añadió que se armó “un castillo de delitos, con colaboradores comprados”. “Tengo la conciencia limpia, no robó un centavo”, agregó.
La audiencia se había previsto para el viernes pasado, pero fue postergada tras los pedidos de la defensa del exmandatario y de Juan Silva. Argumentaron que necesitaban más tiempo para estudiar el requerimiento fiscal de 6,213 folios.
El Ministerio Público sindica a Pedro Castillo como el cabecilla de una presunta organización criminal que se enquistó en varios sectores del Estado cuando llegó al poder en julio del 2021.
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El expresidente ya cumple prisión preventiva por 18 meses en el penal de Barbadillo en Ate, por presunto delito de rebelión y conspiración tras el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. Mientras que el exministro Silva sigue prófugo de la justicia.
El 17 de febrero, el pleno del Congreso aprobó por 58 votos, 23 en contra y 3 abstenciones, la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación Patricia Benavides que permite procesar al exmandatario por corrupción.
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