Una vez más queda evidenciado que organismos internacionales creados para defender los Derechos Humanos Universales están ideologizados y protegen a personajes de su misma línea política, pese a ser responsables de delitos flagrantes. Es el caso del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que la semana pasada opinó por la liberación del golpista Pedro Castillo. Según su insólito parecer, a Castillo se le procesó de manera irregular “transgrediendo sus derechos al no permitirle defenderse”.
Aunque no se trata de una resolución o fallo emitido por la ONU como institución, ese pedido es una ofensa a los peruanos.
La detención de Castillo no fue arbitraria. Se le detuvo en flagrancia luego de que en vivo y en directo anunció un golpe de Estado y minutos después, como nadie aceptó su medida antidemocrática, pretendió huir a México. El Congreso lo vacó con la votación de su propia bancada.
Cualquier persona mínimamente informada sabe que ese arresto fue legal, lo que no parece ocurrir con los miembros de ese grupo integrado por extranjeros.
Los evaluadores ignoran el limpio y transparente proceso judicial que se le siguió a Castillo. Esas audiencias fueron transmitidas en tiempo real y en ninguna de ellas se apreció violación alguna a sus derechos. Todo lo contrario. Muchas veces el chotano pretendió burlarse de los magistrados que lo juzgaban, se negaba a hablar, daba discursos políticos y hasta se dio el lujo de lanzar, en pleno juicio, a su aliado Roberto Sánchez como su candidato presidencial.
Todo indica que, tras ser condenado a once años de prisión por el delito de conspiración, Castillo y sus seguidores pusieron en marcha un lobby internacional en la ONU y la GTDA para que abogaran por su libertad. Lo más sorprendente es la identidad de la persona que presentó el reclamo a su favor.
Se trata del abogado Wilfredo Robles Rivera, quien estuvo preso por terrorismo. Según información pública, Robles fue detenido en 1992 cuando trasladaba explosivos junto con otros terroristas. Es miembro del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.
La difusión pomposa del pedido de libertad de Castillo no es casualidad. Forma parte de la campaña que está en marcha para que el presidente José María Balcázar —su amigo personal y compañero ideológico— lo indulte antes de dejar el cargo de presidente.
No es arriesgado suponer que Balcázar, quien cuando era congresista visitó a Castillo múltiples veces en prisión, sea parte de esa patraña para liberarlo. Apenas se conoció la noticia, declaró que lo opinado por la GTDA “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida”.
Lo dijo a sabiendas que no se trata de un fallo o dictamen vinculante que se tiene que obedecer. Castillo no reúne el más mínimo requisito para ese beneficio. Es rumor general en Palacio que Balcázar le concederá el indulto. Si lo hace, podría terminar en la misma celda de su indultado. Nos vemos el otro martes.
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