SE LE CIERRAN LOS CAMINOS. Un informe preliminar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), elaborado por su propia presidenta, Imelda Tumialán, propone la suspensión de Patricia Benavides en sus funciones de fiscal de la Nación debido al proceso disciplinario inmediato que se le sigue por supuestos actos de corrupción.
Esta suspensión sería por seis meses, un plazo estimado del procedimiento disciplinario inmediato que se abrió contra Patricia Benavides a raíz de la investigación que tiene por parte del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder y la Policía Nacional.
La titular del Ministerio Público tendrá un plazo de cinco días para formular sus descargos y solicitar un informe oral para que pueda responder ante el pleno.
Según explica la institución, este proceso es aquel que se sigue a un juez o fiscal en casos en los que existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular, o en la comisión de una falta disciplinaria muy grave detectada en el momento en que se está ejecutando.
De acuerdo al informe al que tuvo acceso RPP, existen fundados elementos para determinar que Benavides ha incurrido en faltas grave y muy grave.
La fiscal de la Nación ha recurrido al Poder Judicial para suspender el proceso disciplinario inmediato que le abrió la JNJ a raíz de la investigación fiscal que la señala como líder de una presunta organización criminal. Para ello, solicitó ampliar una medida cautelar que previamente la benefició al detener las indagaciones que le seguía el mismo órgano, según informó el diario ‘El Comercio’.
La solicitud fue presenta este miércoles ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la jueza Jacqueline Tarrillo. Allí se indica que Patricia Benavides fue notificada el último martes por la JNJ respecto al inicio de un procedimiento disciplinario inmediato en su contra. En su escrito, la fiscal alega que este es un procedimiento “exprés” que “colisiona con las elementales reglas del debido proceso”.
Mediante su defensa legal, la fiscal afirma que esta decisión se tomó ante la “supuesta existencia de pruebas evidentes que nadie ha aportado ni ponderado debidamente, que no han sido objeto del necesario contraste. Además, aseguró la evidencia con la que busca acreditar su supuesta responsabilidad son “conversaciones de WhatsApp de un exasesor de la fiscal de la Nación relativas a presuntas coordinaciones en cuanto a asuntos parlamentarios”.
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