La Fiscalía puso la mira sobre Gustavo Horna y Juliana Bocanegra, padres de Brunella Horna y suegros de Richard Acuña, por una investigación por presunto lavado de activos relacionada con contratos millonarios firmados con EsSalud para abastecer hospitales en Lambayeque. Las pesquisas apuntan a consorcios vinculados a la familia que obtuvieron contratos por más de 2 millones de soles para el hospital Heysen y otro por más de 500 mil soles para el hospital Arbulú de Ferreñafe.
El caso volvió a colocar el apellido Horna en el centro de la polémica. Según se reveló, la Fiscalía y la Policía investigan la forma en que empresas vinculadas al entorno de los padres de Brunella lograron adjudicarse contratos relacionados con el servicio de alimentación en centros hospitalarios de EsSalud.
De acuerdo con la información expuesta, uno de los contratos investigados supera los 2 millones de soles y fue otorgado para abastecer al hospital Heysen, en Lambayeque. Otro acuerdo, valorizado en más de medio millón de soles, corresponde al hospital Albulú. Ambos habrían sido obtenidos por consorcios relacionados con la familia Horna.
Durante el reportaje también se indicó que las autoridades investigan a Magna Sánchez Terán, allegada a la familia de Brunella Horna. Ella figura como accionista de Inversiones de Alimentos del Norte, una de las empresas integrantes del consorcio ganador de uno de los contratos observados.
La situación llamó más la atención debido a que la razón social de esa empresa corresponde a la compañía de confecciones de Juliana Bocanegra, madre de Brunella Horna. Según se explicó, la empresa no tenía experiencia previa en el rubro de alimentación hospitalaria.
En las investigaciones también aparecen Geraldín Salvo, gerente general de la empresa FID, considerada socia mayoritaria del consorcio que obtuvo la Buena Pro, así como Luis Dávila, otro de los socios vinculados a la compañía.
Otro nombre mencionado es el de Jorge Ferré Pita, accionista de una de las empresas investigadas y trabajador de una boutique relacionada con Brunella Horna. Además, figura Erika López Cajas, administradora de salud en Lambayeque, quien recientemente fue blanco de protestas públicas.
Durante esas manifestaciones, incluso llevaron un burro como parte de las críticas contra su gestión y por los cuestionamientos surgidos alrededor de los contratos investigados.
En medio de la difusión del caso, también se recordó el contexto político alrededor del sector Salud y los vínculos de personas relacionadas con Alianza para el Progreso. Según se comentó, anteriormente ya había llamado la atención la presencia de afiliados o personas cercanas al partido en distintas áreas vinculadas a EsSalud.
En el informe periodístico se mostró parte del documento fiscal donde aparecen mencionados Gustavo Rodolfo Horna Novoa y Juliana Rocío Bocanegra Manrique, padres de Brunella Horna, junto a empresas y consorcios relacionados con las adjudicaciones observadas.
La investigación fiscal se desarrolla por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado, luego de que se conociera que los contratos habrían sido direccionados para favorecer a empresas vinculadas a la familia Horna.
El caso continúa en investigación mientras las autoridades buscan determinar cómo se realizaron las adjudicaciones y cuál fue el nivel de participación de cada uno de los implicados en los contratos otorgados por EsSalud en Lambayeque.
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