Andrés Hurtado volvió a quedar en el centro de uno de los casos más delicados que enfrenta el Ministerio Público. La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó una acusación en la que solicita 30 años de prisión para el expresentador de televisión y 24 años de cárcel para la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, ambos investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con una supuesta red de sobornos y tráfico ilegal de oro.
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El requerimiento fiscal también incluye multas millonarias, pedidos de inhabilitación para ejercer cargos públicos y nuevas diligencias dentro de un proceso que mantiene a ambos bajo prisión preventiva. Hurtado permanece recluido en el penal de Lurigancho, mientras que Peralta cumple la medida en el establecimiento penitenciario anexo de Chorrillos.
En el programa de WillaxTV se difundió una imagen en la que aparecen Andrés Hurtado, la fiscal Luz Elizabeth Peralta y los hermanos Francisco Iván y Roberto Siucho. (Programa "Beto a Saber")
Según los documentos difundidos por Latina, la Fiscalía sostiene que Andrés Hurtado habría intervenido a favor de una empresa familiar para lograr la recuperación de 100 kilos de oro que habían sido incautados por las autoridades. La tesis fiscal señala que dicha gestión se habría realizado a cambio de una comisión económica.
El Ministerio Público también atribuye a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta el presunto cobro de comisiones ilegales para intervenir en este caso. Por estos hechos, el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde solicitó además la inhabilitación de ambos investigados para ejercer funciones públicas.
Para Hurtado se pidió una inhabilitación de 20 años y el pago de montos que superan los 700 mil soles y 1.5 millones de soles por concepto de días multa relacionados con los delitos imputados. En el caso de Peralta, la Fiscalía solicitó 15 años de inhabilitación y multas que oscilan entre los 93 mil y 188 mil soles.
LA INVESTIGACIÓN POR ORO Y PRESUNTOS SOBORNOS
La acusación fiscal apunta a una presunta trama de influencias y pagos ilegales vinculados al empresario Javier Miu Lei. Según las investigaciones, este habría entregado una supuesta coima para que Elizabeth Peralta intervenga y facilite la devolución de barras de oro que habían sido incautadas a su empresa en el año 2020.
Dentro del mismo expediente también se investiga la presunta intervención de Andrés Hurtado para promover una investigación fiscal contra la minera Paltarumi por lavado de activos.
Otro de los hechos incluidos en el proceso está relacionado con un presunto pedido de soborno a Iván Siucho. De acuerdo con la investigación, el dinero habría sido solicitado a cambio de evitar una investigación por lavado de activos contra él, su familia y su empresa Quantico.
El juez supremo Juan Carlos Checkley será el encargado de conducir la etapa intermedia del proceso, fase en la que se evaluarán las observaciones de las partes antes de decidir si el caso pasa a juicio oral.
OTRA ACUSACIÓN CONTRA ‘CHIBOLÍN’
El caso por presunto tráfico de influencias no es el único frente judicial que afronta Andrés Hurtado. A inicios de mayo, el Ministerio Público solicitó otra pena de cuatro años y ocho meses de prisión por su presunta participación en el trámite realizado por el futbolista Roberto Siucho ante Migraciones en 2019.
Según la investigación, Hurtado habría intervenido en el procedimiento mediante el cual el jugador buscó renunciar a la nacionalidad peruana para poder jugar en China. En ese caso también aparece implicada la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, para quien la Fiscalía pidió más de cinco años de cárcel.
Mientras avanzan las investigaciones, Hurtado reapareció públicamente durante una audiencia judicial realizada en febrero pasado. Frente al juez Juan Carlos Checkley cuestionó la prolongación de su prisión preventiva y calificó el proceso como “injusto”.
“Hoy por hoy, quiero decirle que el día 26 de enero se vencieron los plazos de acuerdo a ley y de acuerdo al debido proceso”, señaló el exconductor de televisión durante su intervención ante el magistrado.
La situación judicial de Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta ahora queda a la espera de la evaluación del Poder Judicial, que deberá determinar si la acusación fiscal reúne los elementos necesarios para iniciar el correspondiente juicio oral.
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